El informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) es un insumo tremendamente valioso y contundente para el mercado de medicamentos. Esperamos que se considere tanto para las múltiples iniciativas que está impulsando el Ministerio de Salud como para los parlamentarios, especialmente ahora que se discuten múltiples iniciativas en materia de salud y medicamentos en el Congreso.
Porque seamos claros, con múltiples iniciativas parciales no será posible responder en forma efectiva a las dos principales demandas sociales en materia de medicamentos: disminuir el gasto de bolsillo y aumentar el acceso y cobertura en medicamentos innovadores en enfermedades de alto costo.
Para ello, se requiere una reforma estructural y no múltiples medidas regulatorias aisladas. Esta es la principal conclusión del estudio de la FNE para el mercado de medicamentos, y ello se condice con la principal característica que tiene este mercado: es un mercado ético y, por lo tanto, su regulación debe ser distinta a la de cualquier otro.
Para disminuir el gasto de bolsillo, las recomendaciones de la FNE apuntan en primer lugar a la transparencia. En este sentido, creemos que esta recomendación es imprescindible, y la regulación de la relación entre laboratorios y el cuerpo médico debe ser en extremo estricta. No basta con transparentar las transferencias de valor asociadas, sino que deben ser eliminadas y sujetarse exclusivamente a la entrega de información científica en forma regulada para todos. Los laboratorios de innovación contamos con una autorregulación homóloga a la regulación europea. Sin embargo, al representar solo el 8% del mercado de medicamentos que va a la cadena de venta en farmacia, su injerencia es muy menor.
La política de bioequivalencia se refiere en el informe de la FNE como un sistema de intercambiabilidad robusta, donde se deben cumplir tres requisitos:
1.- Que los medicamentos sean certificados como bioequivalentes.
2.- Que en la fabricación de los medicamentos, se cumplan con las denominadas buenas prácticas de manufactura.
3.- Que exista un sistema efectivo de farmacovigilancia. Esto genera un círculo virtuoso y efectivo para un mercado más competitivo. En primer lugar, permite transparentar y disminuir en forma efectiva las asimetrías de información que hoy existen en el mercado, lo que es una condición básica para la prescripción por denominación común internacional y traspasar la capacidad de elección entre medicamentos sustitutos al paciente. En segundo lugar, la generación de un mercado competitivo en genéricos bioequivalentes permite liberar recursos valiosos tanto públicos como privados para la inversión en investigación y desarrollo y el acceso a medicamentos de innovación que no tienen sustitutos.
La recomendación de la FNE respecto al criterio de elección de los medicamentos en las compras del sector público es acertada. Efectivamente, los países de la OCDE se basan en criterios de fármaco-economía para ello. Este modelo, en Chile, solo está presente en los medicamentos que son parte de la Ley Ricarte Soto, generando un acceso importante a los medicamentos de innovación de última generación que, lamentablemente, es acotado. Incorporar los medicamentos a los planes de salud tanto públicos como privados es una herramienta esencial para disminuir el gasto de bolsillo de las personas y dar acceso a medicamentos de última generación en enfermedades de alto costo.
Hoy, tenemos una enorme oportunidad de hacer cambios sustantivos y estructurales al sistema de salud en Chile, y no seguir con políticas públicas parciales tal como lo recomienda la FNE.
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