La empresa Sierra Atacama -liderada desde fines del año pasado por Minera Salar Blanco (MSB), del empresario Martín Borda- busca a toda costa evitar la quiebra. La compañía enfrenta un complejo escenario: el año pasado, logró que sus acreedores le aprobaran una reorganización de sus deudas, pero, hace unos días, la interventora acusó a la firma de incumplir el plan.
Poco antes de desatarse esta crisis, la empresa había iniciado un proceso para solicitarle a sus acreedores modificar su reorganización original para así evitar su quiebra. En esta instancia, informó pasivos por $ 70 mil millones, siendo sus principales acreedores Mitsui, Tanner y Recomin Servicios Mineros.
La firma comenzó sus operaciones en julio de 2022 y, según dijo en su solicitud de reorganización, el costo de inversión se duplicó por la pandemia y el inicio de sus operaciones se retrasó por cerca de un año.
Los acreedores dieron su venia, dando nuevas condiciones para el pago de los créditos afectos a la propuesta, que sumaban $ 29.271 millones.
Martín Borda, socio de Minera Sierra Atacama
En junio de este año, la administración de Sierra Atacama solicitó a la justicia citar a una junta extraordinaria de acreedores para modificar el acuerdo de reorganización aprobado en septiembre del año pasado. La firma dijo que, luego que el nuevo accionista tomara su control, detectó que se le ocultó información relevante que le ha impedido la correcta explotación y funcionamiento de la mina.
La justicia citó para el próximo 5 de septiembre a una junta extraordinaria de acreedores, para conocer y votar la propuesta de modificación del acuerdo.
Pero, a fines de julio pasado, la empresa formuló una nueva propuesta de reorganización; ahora, por la deuda devengada con posterioridad al proceso de reorganización judicial vigente.
La abogada de la empresa, Daniela Gómez Drago, pidió que ambas propuestas sean analizadas en la junta del próximo 5 de septiembre, para “otorgar iguales derechos y garantías a todos los intervinientes”.
La jueza del 4° Juzgado de Letras Civil de Antofagasta, Susana Tobar, dijo que, en el caso que se acogiera la solicitud de reorganizar la deuda generada post acuerdo vigente, existirían dos procesos, hipótesis -dijo- no regulada en la ley. Además, afirmó que se vulnerarían las normas que regulan la reorganización judicial, puesto que con esto se alteraría la determinación de los quórums, por lo que resolvió declarar “no ha lugar” a la segunda propuesta de reorganización
La insistencia
El pasado 18 de agosto, la empresa presentó un recurso para que la jueza acoja su solicitud para poder reestructurar la deuda no reorganizada. Su abogada dijo que esta propuesta no está prohibida por ley, existiendo la posibilidad de poder implementarla.
“El argumento de no estar regulada la hipótesis en la Ley 20.720 (de Insolvencia y Reemprendimiento), no significa su improcedencia o falta de aplicabilidad, habiendo a juicio de esta parte, Su Señoría omitido el objetivo, alcance y finalidad propia de la ley en cuestión, esto es, propender al reemprendimiento permitiendo que empresas viables puedan continuar con sus operaciones, en resguardo no solo de la economía nacional, sino que también, de la protección de los puestos de trabajo de los colaboradores”, sostuvo la abogada Gómez Drago.
Y añadió: “Conforme a los antecedentes que se ha puesto en conocimiento de los acreedores, interventora y este tribunal, la compañía minera si es una empresa viable, pero requiere de una reestructuración de los pasivos, tras haber sido mal administrada por los dueños anteriores, sin contar con información real y fidedigna de la mina; información que la actual administración y socio estratégico MSB, se preocupó de obtener y que permite dar cuenta y acreditar a todos los intervinientes de la factibilidad y proyección económica del proyecto”.
Hasta el cierre de esta edición, la jueza que lleva el proceso aún no emite su veredicto.
La acusación
Sierra Atacama opera un yacimiento de cobre centenario ubicado a 65 kilómetros de Antofagasta y -hasta el ingreso de MSB, que es dueño del 93,27% de la minera- era controlada por la sucesión de Víctor Hugo Puchi, fallecido en marzo del año pasado.
La firma comenzó sus operaciones en julio de 2022 y, según dijo en su solicitud de reorganización, el costo de inversión se duplicó por la pandemia y el inicio de sus operaciones se retrasó por cerca de un año.
MSB tomó el control de la compañía en noviembre del año 2024, fecha en la cual -han señalado sus abogados- se tomó conocimiento real del estado de la minera: se acusó que, durante el proceso de due diligence, se ocultó información relevante.
Se mencionaron deudas con terceros que no se encontraban documentadas; contratos sobredimensionados económicamente en razón del tamaño de la mina y operación y que no se han podido modificar; falta de mantención y problemas de diseño de la línea de chancado; deudas laborales, reflejadas en más de 60 juicios; la falta de un plan geológico, que ha significado un rendimiento deficiente de la mina, y falta de mantención de los equipos y planta, lo que ha derivado en fallas permanentes.
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J. Troncoso Ostornol
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