Tras la dictación del fallo por primas GES de las isapres de la Corte Suprema el 10 de agosto pasado y el rechazo de la Tercera Sala del máximo tribunal a las todas las apelaciones de las aseguradoras en las últimas semanas, esa industria está expuesta a una inminente aplicación de la sentencia. Esa eventualidad tendría efectos inmediatos sobre la estructura financiera del sistema privado –de hecho, mucho antes que la implementación del fallo por tabla de factores que cuenta como fecha tope a fines de mayo próximo- e implicaría una significativa reducción de ingresos que el informe del comité técnico convocado por el Senado, estimó en niveles de 12% mensuales.
En este escenario, el Gobierno se encuentra evaluando solicitar una prórroga a la aplicación de dicha sentencia, siguiendo así las acciones en la misma línea respecto del fallo por tabla de factores de noviembre pasado, en dos oportunidades por un plazo de seis meses, por lo cual su entrada en vigencia pasó a coincidir con el plazo previsto de desarrollo de toda la tramitación de la ley corta de isapres hacia mayo de 2024.
Así lo confirmaron fuentes del Gobierno, quienes indicaron que desde el Ministerio de Salud están impulsando la acción que debería concretar específicamente la Superintendencia de Salud, a solicitud de las aseguradoras. Al respecto, fuentes ligadas a la industria indicaron que algunas isapres ya estarían en conversaciones al respecto.
Estas gestiones tienen lugar en el escenario que marcó este viernes pasado por el envío de las indicaciones del Ejecutivo al proyecto de ley corta, iniciativa que a su vez tuvo como precedente las conclusiones del informe del comité técnico que organizó la Comisión de Salud del Senado.
Pero, a diferencia de las conclusiones de esta instancia que establecieron una fórmula que calculó que las devoluciones a los afiliados por cobros en exceso en la aplicación de las tablas de factores ascendía a unos US$ 451 millones, finalmente las enmiendas del Gobierno fijaron estas obligaciones en niveles de US$ 1.000 millones, monto mucho más cercano a la estimación inicial de la Superintendencia de Salud en torno a los US$ 1.400 millones. Este último es el peor de los escenarios para las isapres, ya que a las altas devoluciones se suma el ajuste a la baja en los ingresos futuros por la aplicación de la tabla de factores única al universo de afiliados, a lo cual se suma el impacto del cumplimiento por el fallo por primas GES.
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