El Tribunal Constitucional estudia la impugnación presentada por 34
diputados contra la modificación de la Ley de Pesca y Acuicultura,
que permite que las salmoneras puedan usar las concesiones marítimas
otorgadas por el Estado como aval bancario.
El abogado patrocinador del recurso, Lorenzo Soto Oyarzún, afirmó
en un comunicado que esta legislación "establece una privatización
de bienes, que son bienes nacionales de uso público, como es el mar
territorial y las aguas interiores de Chile".
Además, según el profesional, la ley "tiene que ser dejada sin efecto
porque fue objeto de vicios en su tramitación al no haberse
consultado a la Corte Suprema" y por no contar con suficiente quórum
en la votación para su aprobación.
La modificación en la Ley de Pesca y Acuicultura, impulsada por
el Gobierno de Michelle Bachelet, pretende salvar de la crisis a la
industria del salmón, que se ha visto negativamente afectada por los efectos del virus ISA.
Soto alegó que el nuevo texto "discrimina a favor de un sector
y en perjuicio de los otros sectores económicos del país que no
tienen semejantes medidas económicas de beneficio para salvarse en
situaciones de crisis como la que afecta a la salmonicultura".