Poco después de que el presidente de Repsol, Antonio Brufau anunciase una batalla judicial para conseguir que Cristina Fernández indemnice a la compañía por la nacionalización de su filial YPF, el gobierno argentino ha dado su respuesta: no pagará a la española los 8.000 millones de euros que pide por su participación en YPF.
"No vamos a pagar lo que pide Repsol", aseguró el viceministro de Economía, Axel Kicillof durante su exposición ante el Senado junto a Julio De Vido, ministro de Planificación trasandino.
El ministro argentino de Planificación, Julio de Vido, por su parte afirmó hoy que la petrolera YPF "tendrá que pagar" por supuestos daños ambientales en el país porque, dijo, "el medio ambiente no se rifa y tiene precio".
"Hablamos con cada uno de los gobernadores para que liquiden provincia por provincia los daños ambientales que hicieron (desde la compañía)", aseguró De Vido durante la exposición en el Senado.
El ministro consideró que "el costo de la empresa" va a haber que "conversarlo" porque "los señores gobernadores también tienen muchos reclamos para hacer" en torno al funcionamiento de la mayor empresa del país suramericano.
"En (la provincia de) Mendoza dejaron un desastre en infraestructura de producción. Esto tiene su costo y lo van a tener que pagar porque el medio ambiente no se rifa y tiene precio", subrayó De Vido al defender el proyecto de expropiación.
El ministro dijo, además, que el Gobierno se acogerá al proyecto de ley que se debate hoy en comisiones del Senado, y que establece que el Tribunal de Tasaciones fijará el precio de la compañía.
Demanda contra Argentina
Brufau, anunció hoy en rueda de prensa que la petrolera española "iniciará todas las medidas legales a su alcance", entre las enumeró demandas de carácter administrativo, constitucional, en el ámbito del mercado de valores, de responsabilidad civil y de daños y perjuicios.
En este sentido, Brufau confirmó que se demandará a Argentina ante el órgano de arbitraje del Banco Mundial, el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), para reclamar una indemnización para compensar el valor de las acciones expropiadas.
Una indemnización que se fijaría en unos 8.000 millones de euros correspondientes a la valoración del 57% de Repsol en YPF, y a la que se sumaría la reclamación de otras compensaciones por los daños sufridos que la compañía aún no ha cuantificado.
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