Cuando Thomas Jefferson actuó como jefe de la primera oficina de patentes de su país, EEUU e Inglaterra estaban solos en la entrega de derechos de propiedad sobre ideas. “Otras naciones”, escribió el futuro presidente, “piensan que estos monopolios producen más vergüenza que ventajas para la sociedad”.
Las guerras de patentes desatadas en EEUU deben tenerlo revolcándose en su tumba. En la última señal de que el sistema se ha desordenado, Google acordó la semana pasada la compra de Motorola Mobility por US$ 12.500 millones, y el principal atractivo era la cartera de patentes del fabricante de teléfonos. Los costos crecientes de comprar protección contra las demandas que barren con la industria de smartphones, junto con las extravagantes exigencias de licenciamiento de algunos dueños de patentes, podrían convertirse en un lastre sobre la misma innovación que las patentes debían nutrir.
Puede parecer alentador que el Congreso estadounidense finalmente esté avanzando para reformar el sistema de patentes hacia fines de este año. Pero las leyes actuales son demasiado tímidas y esta infrecuente oportunidad de acción no debe perderse.
En la actualidad se otorgan demasiadas patentes por ideas que no pasan la prueba de ser verdaderamente nuevas, útiles y no obvias. Y, una vez que se han entregado patentes defectuosas, son muy difíciles de impugnar. Para mejorar la calidad, el proceso de emisión debería estar abierto a un mayor escrutinio. Cualquiera con un interés válido debería poder oponerse a una solicitud antes de que reciba el sello de los oficiales de patentes.
Tampoco es suficiente, como propone el Congreso, dejar abiertas para una revisión indefinida las controvertidas patentes para nuevos procesos de negocios. Es mucho mejor aplicar pruebas más exigentes para el otorgamiento de estas patentes controversiales en primer lugar.
Una vez emitidas, los tribunales necesitan más poder para reconsiderar la calidad de todas las patentes, no verse obligados a recurrir de modo casi automático (como ahora) a la pericia de los revisores sobreexigidos que las aprobaron en primer lugar.
Las empresas inescrupulosas aún podrían usar bloqueos de patentes para inmovilizar a sus rivales. Ese es un tema para una robusta supervisión antimonopolios. Es bienvenido que los reguladores en Washington estén alertas a este tema, a juzgar por sus intervenciones recientes. Donde sea necesario, deberían obligar a los tenedores a vender las patentes o licenciarlas en términos de que aseguren que las ideas que consagran sean liberadas para un uso productivo amplio – y eviten a EEUU la vergüenza que Jefferson, con razón, temía.
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