La detención de un ejecutivo de Banco Santander en el marco de la denominada "Operación Tokio" puso sobre la mesa el rol de las entidades financieras en la detección y prevención del lavado de activos.
De acuerdo con antecedentes preliminares expuestos por la Fiscalía, el ejecutivo investigado, José Carlos Pérez, habría participado en la apertura de cuentas bancarias utilizadas para lavar dinero de la organización criminal Tren de Aragua. Entre las entidades mencionadas en la investigación también figuran Banco Falabella y Scotiabank.
En este contexto, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) salió a abordar la contingencia. Su presidente, José Manuel Mena, sostuvo que la lucha contra el lavado de activos exige una coordinación cada vez más estrecha entre el sector público y privado, y destacó los mecanismos de colaboración que la industria mantiene con el Ministerio Público y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
“La Abif estableció una agenda de trabajo con la Unidad de Análisis Financiero orientada a fortalecer los mecanismos de reporte y mejorar la identificación de operaciones vinculadas al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo”, señaló.
Mena agregó que, junto al Ministerio Público, opera un protocolo que permite solicitar medidas como el congelamiento de cuentas las 24 horas del día, los siete días de la semana. “Se trata de un mecanismo eficiente, que ha sido destacado por distintas autoridades por su capacidad de respuesta frente a este tipo de delitos”, afirmó.
Asimismo, adelantó que en las próximas semanas se espera constituir una mesa de trabajo entre la Abif, el Ministerio Público y otras instituciones para evaluar nuevas medidas destinadas a fortalecer la prevención y persecución de delitos financieros.
El caso de México
El dirigente gremial también apuntó a experiencias internacionales. Señaló que distintas jurisdicciones, como México, han avanzado en esquemas que facilitan el intercambio de información entre instituciones financieras y unidades de inteligencia financiera, contribuyendo a una detección más temprana de patrones de riesgo asociados al crimen organizado.
“En Chile consideramos que existen espacios para seguir perfeccionando esta coordinación, tanto a través del intercambio de buenas prácticas como de una mayor retroalimentación sobre tipologías y tendencias asociadas al crimen organizado”, sostuvo.