La denominada “Operación Tokio” puso el foco sobre un mercado que hasta ahora se mantenía alejado de la exposición pública: el de las firmas que evalúan o certifican los modelos de prevención de delitos de las empresas, para este caso, de la banca.
La entrada en vigor de la Ley de Delitos Económicos, en 2023, modificó sustancialmente el esquema vigente. El sistema anterior contemplaba la certificación formal de estos modelos por parte de entidades habilitadas para ello, mientras que la nueva normativa eliminó ese mecanismo y lo reemplazó por evaluaciones realizadas por terceros independientes e idóneos.
“Esto no implica un certificado en particular, sino que se entrega un informe con el resultado de la evaluación, la metodología utilizada, el resultado de brechas identificadas y una especie de plan de trabajo para mejorar esas brechas”, explicó a DF el consultor especialista en modelos de prevención y detección de delitos, Tomás Koch.
Desde UF 250 ($ 10 millones) hasta las UF 5 mil ($ 200 millones) pueden costar las certificaciones.
El negocio
Si bien existen firmas locales especializadas en esta actividad, como BH Compliance y Prelafit, la entrada en vigor de la mencionada ley amplió significativamente la oferta de actores.
Hoy participan desde consultoras especializadas, hasta algunas de las “Big Four”, e incluso estudios de abogados que han desarrollado áreas enfocadas en este negocio.
Los costos varían según el tamaño de la empresa y el alcance del trabajo.
Fuentes de la industria señalaron que las evaluaciones para compañías de menor tamaño pueden fluctuar entre UF 250 y UF 500 (entre $ 10 millones y $ 20 millones). Pero en organizaciones de mayor envergadura los montos pueden elevarse hasta UF 5 mil, equivalentes a cerca de $ 200 millones.
“Muchas veces las empresas financieras son parte de un holding y tienen implementados estos modelos de prevención del delito en todas las compañías del grupo. Dependiendo de la extensión de la revisión, los costos de la consultoría pueden aumentar”, explicó Koch.
Período de trabajo
A diferencia del antiguo esquema de certificación, las evaluaciones actuales buscan determinar si efectivamente las empresas tienen desarrollado modelos de prevención de delitos que cumplan con los parámetros que son exigidos por la legislación.
Para ello, las consultoras revisan documentación, entrevistan a ejecutivos y responsables de control, y realizan pruebas sobre procesos considerados críticos para verificar que los mecanismos establecidos estén siendo aplicados.
La duración del proceso depende del alcance de la revisión. Según Koch, la elaboración del informe independiente suele tomar entre tres y cuatro meses. A ello puede sumarse una segunda etapa de acompañamiento para implementar las recomendaciones detectadas, lo que puede extender el trabajo por otros tres o cuatro meses. Así, una revisión completa puede prolongarse hasta ocho meses.
Una vez concluido el proceso, la empresa recibe un informe con los hallazgos identificados, la metodología aplicada y un plan de acción para abordar las brechas detectadas.
Aunque la legislación no establece plazos específicos para repetir estas evaluaciones, en la práctica suelen realizarse periódicamente. “Hay algunos clientes que pueden querer que esa revisión se vaya haciendo todos los años o cada dos años”, señaló Koch.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Sofía Fuentes
