FNE dice que no hay irregularidades en pensiones de invalidez
Una denuncia realizada a la entidad en agosto pasado señalaba que podían haber mecanismos de control de siniestralidad por parte de las AFP.
Por: Constanza Ramos T.
Publicado: Martes 12 de marzo de 2019 a las 04:00 hrs.
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A principios de noviembre de 2018 se constituyó la comisión investigadora de solicitudes del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) para investigar irregularidades sobre el proceso de entrega en este tipo de pensión.
Tres meses antes la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ya había comenzado una investigación al respecto, a partir de una denuncia ingresada a la entidad.
DF tuvo acceso al documento desarrollado por la FNE, trabajo que duró meses y cuya conclusión es que “la integración vertical entre AFP y compañías de seguro no sería la causa o no generaría incentivos suficientes para implementar mecanismos como los denunciados (control de siniestralidad)”.

De esta forma, la entidad recomienda al fiscal declarar la inadmisibilidad de la denuncia.
La denuncia interpuesta a la Fiscalía fue por la eventual existencia de mecanismos de control de siniestralidad que se habrían implementado por las AFP “con la finalidad de dilatar la declaración de invalidez y, particularmente, evitar el pago del SIS”, aclara el regulador económico.
¿Por qué no habrían irregularidades?
El documento de la FNE detalla que entre 2014 y 2018, pese a existir aseguradoras relacionadas a algunas AFP, solamente fue adjudicada una aseguradora relacionada a una AFP en una ocasión (2014-2016), respecto de dos fracciones de un total de 14, no existiendo nuevas adjudicaciones en las licitaciones siguientes, por lo que la integración vertical entre AFP y compañías de seguro “no sería la causa o no generaría incentivos suficientes para implementar mecanismos como los denunciados”.
A su vez, sostiene que el proceso de otorgamiento del beneficio es también regulado, siendo las AFP las que reciben las solicitudes y las comisiones médicas las que, a través de un procedimiento médico-administrativo, determinan si los futuros pensionables cumplen o no con los requisitos para obtener las respectivas pensiones.
Asimismo, aclara que cualquier incumplimiento debe ser fiscalizado por la SP. “El eventual incumplimiento de la normativa es competencia de la SP, institución que ha expuesto públicamente estar en conocimiento de los hechos denunciados y haber adoptado medidas a su respecto”, precisa la Fiscalía.
Comisión investigadora
Ayer la comisión investigadora realizó una nueva sesión a la que asistió el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), Jorge Claude.
En la instancia, Claude explicó que las denuncias corresponden a 2008, cuando el sistema estaba estructurado de una manera completamente distinta. Según el ejecutivo, ahora “hay absoluta transparencia en el sentido de que se llega a la resolución final, se determina el monto a pagar y se paga”.
En cuanto a las AFP, indica que también hay transparencia “en el sentido de que reciben la solicitud y se encauza a través de la comisión médica que es la que debe resolver”.
En esa línea, detalló que desde 2009 a la fecha, se han pagado US$ 6.400 millones en indemnizaciones por concepto de aporte adicional para pensión.
A pesar de que las compañías de seguro, liciten en grupo, la diputada Gael Yeomans (RD), mantiene su tesis y asegura que “hay intereses en juego que son económicos, por lo que perfectamente podría ocurrir que se coludan entre las mismas compañías para poder fijar las tasas o las normativas del SIS”.
Solicitudes al alza
La semana pasada, algunas aseguradoras advirtieron sobre el aumento en el número de los requerimientos del SIS, los que habrían subido un 50% en menos de tres años. Al respecto Jorge Claude señaló que “no le vemos una explicación lógica a ese incremento y por eso nos preguntamos si será permanente, transitorio o si será alguna situación que no conocemos.
La diputada del Frente Amplio, reconoció que podría haber aumentado la cantidad de solicitudes, pero que eso no es un argumento válido. “Las irregularidades que hemos visto no tienen que ver en absoluto con el aumento de la cantidad de solicitudes”.

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