La reciente publicación de mensajes que se habrían despachado desde el hemiciclo a través de una red social y la consecuente polémica sobre su contenido y oportunidad, ponen una vez más en el centro del debate la protección de las personas frente a intromisiones de terceros en sus comunicaciones privadas.
A este respecto, nos parece oportuno destacar cómo las tecnologías de la información y las comunicaciones están presentes en nuestra vida y cómo enormes cantidades de datos personales circulan a través de las redes. No es poco común tomar conocimiento de “hackers” o comunicaciones interceptadas, de publicaciones sin autorización de videos privados de actores o personajes públicos, o simples descuidos de adolescentes que publican más de lo adecuado.
En general en nuestro país existe una escasa percepción de los riesgos y amenazas a los derechos de las personas por el mal uso que hacen terceros de la información que les concierne. Desde niños nos enseñan a no hablar con extraños y sin embargo entregamos información con poco cuidado a través de las múltiples redes a las que estamos conectados y, no pocas veces, esta información cae en manos que la usa en nuestra contra. Lo peor es que la mayoría de las veces no nos damos cuenta de esto hasta que nuestros derechos se ven vulnerados o amenazados.
¿Qué nos falta? En Chile tenemos ley de protección de datos personales desde 1999, sin embargo no contamos con mecanismos de tutela efectiva de los derechos de los titulares de datos. No hay un sistema eficiente de publicidad del tratamiento de los datos personales, no contamos con estándares de seguridad adecuados. No contamos con una autoridad de protección de datos en posesión de privados, el Habeas Data, acción generada por el legislador para perseguir la responsabilidad por el tratamiento de datos que nos perjudica implica gastos judiciales que no son fáciles de asumir por las personas. Asimismo, nuestra ley no tiene un régimen infraccional que asegure el cumplimiento efectivo de parte de los responsables. Nuestra ley, además, fue dictada en una época en que no existía el tratamiento de datos masivos o Big Data, ni las redes sociales, por sólo mencionar algunos de los ámbitos en que nuestra ley ya no “da el ancho”. Como país, debemos hacernos cargo de estos nuevos desafíos y discutir abiertamente la actualización de nuestra normativa de datos personales.
Calibrar las interacciones entre los distintos derechos que se pueden ver afectados en situaciones como la de que fuimos testigos, es complejo y requiere de un marco jurídico claro con herramientas de observancia expeditas y sanciones ejemplificadoras que aseguren la construcción de una cultura de respeto a las libertades personales y a los valores de nuestra democracia.
Chile necesita ya una ley de protección de datos a la altura de nuestro desarrollo. Iniciar la discusión es urgente.
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