La Confederación Unión Portuaria de Chile activará un paro nacional de carácter indefinido a partir del primer turno de este jueves 18 de junio. La paralización afectará a los terminales marítimos desde Arica hasta Punta Arenas, en respuesta a los reiterados incumplimientos del Ejecutivo en la entrega y regularización de pensiones de gracia para extrabajadores del sector y sus viudas.
A través de una dura declaración pública, la organización acusó al Gobierno de ignorar los acuerdos suscritos con distintas administraciones desde septiembre de 2012. Los dirigentes aseguraron que la paciencia del sector se agotó, criticando la falta de voluntad política. "Solo reuniones vacías y palabras que se lleva el viento. Nos toman por tontos", señalaron desde la confederación, advirtiendo que cada día sin respuestas es una falta de respeto para las familias que mueven a Chile desde los muelles, una molestia que, recalcan, se arrastra desde los primeros meses de la administración de Kast.
Exigencias sindicales y vulnerabilidad financiera
El corazón del conflicto radica en la vulnerabilidad económica de los operarios al momento de jubilar. Sebastián Berríos, secretario del Sindicato de Operaciones de Puerto Ventanas, explicó que estas demoras golpean duramente a quienes ya salieron del sistema a los 65 años y no pueden reingresar a los terminales. Debido a la naturaleza eventual de su labor, las jubilaciones por AFP resultan insuficientes, por lo que la pensión de gracia es vital para complementar ingresos que actualmente bordean entre los $ 200 mil y $ 300 mil mensuales.
Ante este escenario de precariedad, el petitorio del gremio exige la tramitación inmediata de las pensiones de gracia para los extrabajadores y soluciones definitivas para las viudas beneficiarias que siguen esperando respuestas. A estas demandas suman la necesidad urgente de que las autoridades firmen y publiquen los decretos ya comprometidos por el Estado, además de la definición de una hoja de ruta con plazos claros para las futuras negociaciones relacionadas con los operarios que deban retirarse del sistema. Desde San Antonio, el dirigente Ricardo Rodríguez confirmó que la movilización mantiene su carácter nacional.
Golpe a la cadena de suministro
La actividad portuaria es considerada una de las áreas más estratégicas para la economía chilena, ya que moviliza cerca de 90% del comercio exterior del país. El sector exportador se mantiene en alerta máxima, pues una paralización prolongada pone en riesgo todo el funcionamiento logístico del país.
De extenderse el conflicto, la paralización provocará graves retrasos en los embarques de exportación, golpeando con especial fuerza a los despachos de productos agrícolas, mineros e industriales. Asimismo, el bloqueo generará rápidas demoras en la internación de mercancías importadas y una alta congestión en los terminales marítimos. Todo este escenario se traducirá en un incremento de los costos operacionales para las empresas vinculadas al comercio exterior y en posibles impactos directos en las cadenas de abastecimiento del país, dependiendo de cuántos días se prolongue la movilización.
Tensiones políticas y diálogo contra reloj
Hasta ahora, el Gobierno no ha entregado una respuesta formal al anuncio del gremio. Las conversaciones han estado bajo el paraguas del Ministerio del Interior; en mayo pasado, el subsecretario Máximo Pavez se reunió con los estibadores de Valparaíso y se comprometió a revisar las pensiones que habían sido revocadas unilateralmente, pero los trabajadores denuncian que dichas promesas no se han materializado.
A nivel local, las autoridades miran con preocupación el avance de las horas. El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, expresó su confianza en que las negociaciones lleguen a buen término sin necesidad de detener las faenas, advirtiendo que espera que no se generen desórdenes en las ciudades portuarias. Mientras el concejal de Valparaíso, Leonardo Contreras (RN), cuestionó que actividades esenciales queden paralizadas por presión sindical, la consejera regional por Marga Marga, María Elena Rubilar, respaldó la movilización y llamó a instalar de urgencia una mesa de trabajo con el gremio para revisar los compromisos pendientes y evitar que el conflicto escale de forma indefinida.
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