La misma semana en que se dio a conocer el decreto de política fiscal que guiará el manejo económico del gobierno de José Antonio Kast, en el Congreso se presentó la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, que lo acusa de inconsistencias en las cifras del último Informe de Finanzas Públicas.
Señal DF revisó los decretos de política fiscal de cada gobierno desde que este se publica -2007- y los Informes de Finanzas Públicas del último año de completa ejecución presupuestaria y constató que salvo la primera administración de Sebastián Piñera, todos los gobiernos desde Michelle Bachelet I han incumplido la regla.
Michelle Bachelet I (2006-2010)
Durante su gobierno se promulgó el primer decreto de política fiscal que buscaba lograr un Balance Cíclicamente Ajustado (BCA) de 1% al año, con el objetivo de fortalecer los activos del Estado ante compromisos futuros. Sin embargo, esta meta se modificó por la crisis subprime e implicó rebajar a 0,5% el objetivo del BCA en 2008 y 0% en 2009. Finalmente, el déficit estructural fue de 3,4% y la deuda bruta de 5,8% del PIB, aunque este número no se incorporó en el decreto hasta 2022.
Sebastián Piñera I (2010-2014)
Su meta inicial era de 1% de déficit estructural hacia el fin del mandato. Si bien, al mandatario le tocó enfrentar la reconstrucción del terremoto del 27F, su período coincidió con la recuperación de la crisis -con un valor del cobre más alto y mayor actividad económica-, lo que significó mayores ingresos a los proyectados entre los presupuestos 2010 y 2012. Esto y las sucesivas subejecuciones presupuestarias de 2011, 2012 y 2013, llevaron el déficit a -0,5%, sobrecumpliendo la meta establecida; mientras que la deuda alcanzó 12,7% del PIB.
Michelle Bachelet II (2014-2018)
El decreto inicial apuntaba a converger a un balance estructural de 0% en 2018, pero al año siguiente se modificó a una reducción del déficit de 0,25% por año, entre 2016 y 2018. Este cambio se debió al menor precio del cobre y la menor actividad económica, pese a que en los primeros años del mandato hubo una mayor recaudación por la reforma tributaria. Sin embargo, el presupuesto se sobreejecutó en 2014, 2015 y 2017 principalmente por catástrofes y desastres naturales; sumado a que en 2017 se registraron menores ingresos estructurales. Así, este período terminó con un déficit estructural de 2% y una deuda bruta de 23,6% del PIB.
Sebastián Piñera II (2018-2022)
La meta del primer decreto buscaba reducir el déficit en 1,8% en 2018 y luego 0,2% al año hasta llegar a un BCA de -1%. Su segunda administración inició con mayores ingresos que lo proyectado por el alza del precio del cobre, fundamentalmente, que se vieron disminuidos en 2019 y, particularmente, en 2020 producto de la crisis sanitaria y económica provocada por el Covid-19. Si bien en 2021 la actividad económica se recuperó comparada con el año anterior, lo hizo en parte por las transferencias económicas a los hogares, que aumentaron el gasto público en 33,2%. Esto desencadenó el déficit estructural más alto desde que existe la regla, llegando a 11,4% y una deuda de 36,3% del PIB.
Gabriel Boric (2022-2026)
Por primera vez se introdujo al decreto un ancla de deuda bruta, que se estableció en 45% del PIB -la regla dual-. Además, la meta inicial del Balance Cíclico Ajustado (BCA) se fijó en -3,3% en 2022 y -0,3% para el término del período. El único año en que se cumplió la meta fue en 2022, donde se registró un superávit de 0,2%; y los años venideros, en todos se incumplió, pese a las modificaciones del decreto que ajustaron a -1,6% el déficit en 2025 y -1,1% para 2026. En este período si bien la actividad económica se recuperó, los ingresos se vieron debilitados por la baja recaudación minera, lo que se sumó a la sobreestimación de los mismos en el ejercicio presupuestario de 2024. Se cumplió la meta de deuda y finalizó su período en 41,7% del PIB, pero el déficit se empinó a 3,7% (con la última actualización).
Cabe señalar que en 2022 la Dipres estandarizó la metodología de comparación y en 2024 se actualizó la Ley de Responsabilidad Fiscal, que introdujo la regla dual, normó la cláusulas de escape y estableció que ante incumplimientos de la meta se deben presentar acciones correctivas.
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