Hasta la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados llegó, esta jornada de martes, el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson; junto a la subsecretaria de la cartera, Macarena Lobos, y el secretario de la Convención Constitucional, Matías Cox, con el fin de informar a la instancia fiscalizadora acerca de la ejecución presupuestaria de los recursos entregados al organismo encargado de elaborar la nueva Constitución, particularmente en lo relativo a gastos vinculados a difusión, realización de jornadas en regiones y consulta indígena.
Para esta finalidad, a través de una presentación, el ministro explicó a la comisión que en el marco del Presupuesto 2021 se le asignaron a la Convención casi $ 11 mil millones ($10.584.592.005) para gastos de personal, bienes y servicios de consumo, transferencias corrientes, adquisición de activos no financieros y transferencias de capital.
Adicionalmente, en la Ley de Presupuestos 2022 se le asignó un poco más de 5 mil millones ($ 5.283.830.995) y a partir de un incremento de la misma ley otros casi $ 7 mil millones ($ 6.406.045), para gastos en personal, bienes y servicios de consumo, transferencias corrientes y adquisición de activos no financieros. Lo que constituye un presupuesto mayor a los $ 22 mil millones.
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Entre otras cosas, la presentación detalla que la Convención ha realizado convenios transferencia con el Gobierno Regional de Biobío, para una sesión de la Convención, por un monto de $ 326 millones; con el Consorcio de Universidades Estatales de Chile, para participación ciudadana por $ 974 millones; y, al Gobierno Regional de Antofagasta, para sesionar en dicha zona, por un monto de $ 463.821.289.
Pese a la detallada presentación, en la oposición no quedaron del todo conformes con las cifras entregadas por el ministro; sin embargo, tras la cita, Jackson, señaló a Diario Financiero que “podemos afirmar que con total claridad que no debiera quedar ningún tipo de dudas, respecto no sólo a la legalidad del gasto, sino también a los procesos administrativos que se rigen absolutamente conforme a la ley”.
El ministro subrayó que incluso el gobierno mantuvo a los encargados del proceso constituyente, que fueron designados por la administración de Sebastián Piñera, “precisamente para darle continuidad al proceso”. Y, añadió, que el trabajo de la comisión sirvió para despejar mantos de dudas que se habían generado respecto al gasto que “un órgano autónomo, como es la Convención, ejecuta a través de la Segpres”.
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