La ex presidenta del Tribunal Constitucional y profesora de derecho constitucional de la Universidad Católica, Marisol Peña, se muestra preocupada por lo que considera una irrupción de proyectos de ley, que a su juicio, vulneran la institucionalidad vigente al alterar fundamentos como la facultad exclusiva del Presidente para establecer tributos.
La académica analiza lo que sucedió con el proyecto que posibilitó el retiro del 10% de fondos de las AFP, el debate en curso por el impuesto al patrimonio y el plebiscito.
-¿Qué le parece la reforma constitucional que fija un impuesto al patrimonio?
-Tal como ocurrió en la reforma que facultó el retiro del 10% de las AFP, en este caso se está sorteando y pasando a llevar la iniciativa exclusiva del Presidente de la República por dos razones. Porque establecer un nuevo impuesto no es materia de reforma constitucional, los impuestos se establecen por ley, esto se llama en todas partes del mundo principio de legalidad tributaria. Y esto está claramente dicho en el artículo 19 número 20 de la Constitución, que los impuestos se establecen por ley.
Pero no sólo eso, sino que además tiene que tratarse de una ley que se origine exclusivamente en el Presidente, porque entre sus facultades está la conducción de la política financiera del Estado. No reconocerlo así significa cuestionar uno de los fundamentos básicos del régimen presidencial que tenemos hasta hoy, que puede no gustarles a muchas personas, pero entonces habría que buscar un cambio al régimen político y no promover o seguir promoviendo este tipo de reformas constitucionales, que por el lado van socavando la iniciativa exclusiva del Presidente y dejando en letra muerta el artículo 65 de la Constitución.
-¿Qué debe hacer La Moneda con este proyecto?
-Si uno se fija en los fundamentos de esta iniciativa sobre patrimonio, el tema de los impuestos que debieran afectar a un porcentaje de la población de fortunas por sobre los US$ 22 millones se ha planteado como un problema de desigualdad en el país, exactamente la misma lógica que primó en el retiro anticipado del 10%. Se aprovecha una situación de pandemia para impulsar una medida profundamente populista, pero que en el fondo tiende a cuestionar el corazón de sistema tributario que tiene el Estado.
Porque la moción dice que los súper ricos se las ingenian para no pagar lo que tienen que pagar, pero eso no es un problema constitucional, es de fiscalización. En el Gobierno hemos visto una posición más bien pasiva, no sabemos si esta vez se va a animar, en caso de que prospere esta reforma o requerir al TC, ojalá lo hiciera, pero si no lo hace -creo entender- no es porque no crea en su potestad de veto o no confíe en el TC, sino que exclusivamente porque la oposición se encarga de presentar esto como una medida muy impopular.
Las instituciones en juego
-¿A qué atribuye que el Gobierno, al igual que con el retiro del 10%, no se involucre a tiempo y deje de recurrir a un veto y el TC?
-Estamos en una etapa muy difícil de pandemia donde ningún gobierno -del corte político que fuera- iba a quedar tan expuesto al escrutinio y cuestionamiento ciudadano, cualquiera fuera las medidas que tomara para enfrentar la pandemia. En ese contexto, un Gobierno cuestionado desde el punto de vista de la transparencia de las cifras de contagiados, de no haber atendido a lo mejor suficientemente las necesidades de la clase media, entre otros, tiene que tener tremendo cuidado con las decisiones que toma para no caer en mayores niveles de impopularidad.
Creo que el Gobierno hace esfuerzos que probablemente no son los que algunos desearíamos para revertir desde un comienzo estas situaciones o en su etapa final, porque teme una sanción desde el punto de vista ciudadano.
-Otro reparo de algunos sectores del oficialismo al impuesto a los súper ricos es que establece que lo recaudado sea utilizado para un fin específico…
-Eso no es normal y es profundamente inconstitucional. La Constitución dispone expresamente que los impuestos que se recauden en ejercicio de la potestad tributaria del Estado van al patrimonio general de la nación, constitucionalmente hablando no puede haber impuestos para financiar actividades o satisfacer necesidades específicas, salvo dos casos que la Constitución establece específicamente.
Pueden establecerse para fines específicos relacionados con la defensa nacional, por ejemplo, en caso de guerra para apertrechar a las FF.AA. y así puedan enfrentar de mejor manera un eventual conflicto bélico. La otra es cuando se graban ciertas actividades locales o regionales con impuestos que se generan en la propia región o comunas, como sucede con los permisos de circulación.
-¿Qué reflexión le deja lo que ocurre con la institucionalidad vigente?
-Aquí no se ha esperado el 25 de octubre ni menos la elección de convencionales constituyentes de abril del próximo año, aquí ha empezado a operar un cambio subterráneo y tácito de la Constitución vigente, sobre todo en lo que se refiere a la forma en que está planteado el régimen presidencial de gobierno, sin esperar el debate constitucional formal que se supone que -conforme a la reforma constitucional del capítulo XV- va a comenzar recién con el plebiscito de entrada del 25 de octubre.
Eso es importante decírselo a la gente, para que entienda que aquí los parlamentarios encontraron un camino para ir adelantando una decisión que ellos mismos, a través de sus propios representantes el 15 de noviembre del año pasado, acordaron que debía hacerse con participación ciudadana. Aquí no quieren esperar a nadie y llevar ellos la batuta.
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