El Servel y el Gobierno acordaron que el plebiscito del 25 de octubre se realice en un solo día, ante las dificultades de garantizar la custodia de las urnas durante un tiempo tan prolongado. Pero ese es solamente uno de los múltiples riesgos que supone realizar un proceso electoral en medio de la pandemia.
En un manual publicado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), se plantea que, para decidir si seguir adelante o no con los comicios, las autoridades deben considerar varios factores. Entre ellos: la importancia constitucional de la elección; si hasta entonces se habrá podido contener la pandemia; si se pueden implementar medidas para reducir el riesgo de contagio tanto de electores como de las personas en las mesas electorales; qué cambios logísticos u operacionales serán necesarios; el tiempo para implementarlos; el riesgo de que estos pongan en riesgo la transparencia, precisión y seguridad de los resultados, y si existe el apoyo de los diferentes actores políticos para adoptarlos.
Por ahora una postergación del plebiscito parece inviable políticamente, especialmente tras las derrotas sufridas por La Moneda en las votaciones recientes en el Congreso; y una mesa técnica trabaja con el Servel para definir los ajustes que se harán.
Pero de la lista de dilemas que enfrentan las autoridades, según el manual de IDEA, hay uno que resulta prioritario: ¿cómo asegurar niveles suficientes y creíbles de participación electoral, que garanticen la representatividad y la legitimidad de las resultantes instituciones democráticas?
“¿La salud de los ciudadanos o la de la democracia? En la práctica, no es necesaria una elección de extremos; más bien, se trata de asegurar que la votación es segura y técnicamente sólida, y obtiene la legitimidad necesaria”, agregan los expertos de IDEA.
El llamado a votar
Legitimidad. La palabra se repite varias veces en el manual. Y si bien se han realizado otros comicios desde el inicio de la pandemia (ver recuadro), en el plebiscito de octubre preservar la legitimidad del proceso y su resultado será clave para descomprimir la polarización política que convulsiona al país.
“Las mejores regulaciones de referéndum tienen un mínimo de participación del padrón para que sea válido. Luego, ¿cuál es el umbral para que una postura gane? La mayoría absoluta sobre los que participaron o sobre el padrón. Todos esos detalles hoy no se van a aplicar en el plebiscito de entrada. Un resultado estrecho y con baja participación sería problemático”, cuestiona el académico Gabriel Negretto, quien teme una exacerbación de la violencia, de darse un resultado muy ajustado, por cualquiera de las opciones. En ese sentido, agrega, la voluntariedad del voto en el plebiscito de entrada también es un factor de riesgo, más aún en medio de la pandemia.
Francisco Soto, académico de la U. de Chile, considera que en el escenario actual introducir cambios, como una participación electoral mínima, sería inviable, porque se violaría el acuerdo alcanzado en noviembre.
Soto, quien jugó un rol protagónico en el proceso de reforma durante el gobierno de Michelle Bachelet, apunta que no está de acuerdo con la idea de un plebiscito de entrada en una reforma constitucional. “La experiencia comparada muestra que aumenta la confrontación y polariza aún más al electorado”, afirma.
Pero, la pandemia, sumada al reciente debate constitucional por el 10% de los ahorros previsionales, puede allanar el camino para, precisamente reducir esa polarización, asegura Soto. El académico considera que la discusión de la reforma previsional ha instalado una “épica” sobre la viabilidad de un cambio a la Constitución.
En ese contexto, y considerando las restricciones que también enfrentarán los comandos para una campaña electoral previa, Soto plantea que se cambie el foco de los mensajes: “La campaña, más que concentrarse en el apruebo o el rechazo, debe enfocarse en una apelación cívica a participar. Eso debería restarle dramatismo (y reducir la confrontación)”.
Un proceso inclusivo
En caso de que se garanticen condiciones de seguridad sanitaria, como para llevar adelante el plebiscito, tanto a los comandos del Apruebo como del Rechazo les debería interesar sumarse a esta campaña electoral más cívica que plantea Soto.
En un estudio reciente sobre elecciones inclusivas, los académicos Toby Jamesy Holly Garnett, de las universidades de East Anglia y Royal Military College of Canada, plantean que en su ideal las elecciones democráticas se realizan con un alto nivel de participación, y -muy importante- con niveles similares de participación en los diferentes grupos de una sociedad. Es decir, iguales niveles de participación entre géneros, edades, orígenes étnicos, grupos de ingreso.
Así, la pandemia supone otro riesgo: dejar fuera a varios sectores de la sociedad. Por ejemplo: personas con condiciones de salud previas que las hacen especialmente vulnerables al Covid-19, personas que por su edad o situación familiar están obligadas a mantener la cuarentena, personas que temen exponerse al contagio debido a que votar les demanda movilizarse en transporte público.
Este es un problema que otros países han resuelto a través del voto por correo o electrónico. Pero en Chile estos métodos no están lo suficientemente desarrollados como para garantizar confianza en el proceso. Las autoridades deberán, entonces, adoptar la mayor cantidad de medidas para reducir el contacto entre personas (por ejemplo, no se deberían compartir bolígrafos) y reducir el riesgo de contagio.
Mientras, partidos y organizaciones civiles deberán dejar a un lado la confrontación para concentrarse en lograr que las personas pierdan el miedo, o superen el desinterés, y acudan a votar.
Elecciones en pandemia
Francia realizó elecciones municipales entre marzo y junio, en un proceso con baja participación electoral, atribuida al desinterés de los ciudadanos, a la cuarentena y la pandemia.
Pero otros procesos con mayor interés político en juego, por el contrario, han tenido alta participación electoral, a pesar del temor de los ciudadanos al contagio o la vigencia de restricciones.
El 13 de julio, más de 600 mil hongkoneses desafiaron a Beijing votando en primarias no oficiales de la oposición prodemocrática. Los participantes triplicaron a los de un proceso similar anteriores.
En Polonia, donde el voto no es obligatorio, la participación en la elección presidencial alcanzó un récord de 68,2%. En juego estaban reformas valóricas, como el matrimonio homosexual y la legalización del aborto.
Si bien en Singapur el voto es obligatorio, la participación el pasado 10 de julio fue más alta que en 2015. Los electores dieron a la oposición su mayor victoria hasta ahora en el país gobernado por el mismo partido desde hace 55 años. Otros 50 países han optado por postergar procesos electorales.
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