Tras meses de demora y a sólo días de terminar su segundo mandato, finalmente la presidenta de la República, Michelle Bachelet, enviará al Congreso el proyecto para avanzar hacia una nueva Constitución.
Para ello, La Moneda envió ayer la correspondiente invitación, según la cual la ceremonia de firma de la polémica iniciativa se realizará este martes 6 de marzo, a las 08:45 en el palacio de gobierno. Y anoche la mandataria entregó los lineamientos de los "sustanciales" cambios a través de una cadena nacional.
Con ello, la mandataria cumple el compromiso de dejar enviada la iniciativa que, incluso en sectores oficialistas, desestiman que avance en el próximo gobierno.
De hecho, los jefes de las bancadas sostuvieron al mediodía de ayer la tradicional reunión con la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y no quedaron muy optimistas, puesto que están conscientes de que “en la práctica el gobierno ya terminó” y no se puede hacer mucho a estas alturas.
El proceso que se inició en 2015
Con el paso de hoy termina un proceso del cual la Presidenta dio luces en octubre de 2015, momento en que anunció la decisión de optar por la vía institucional para realizar cambios a la Carta Magna.
Entonces se hablaba de iniciar un proceso de educación cívica que concluiría con el envío de dos proyectos de ley en 2016 y 2017 para materializar los cambios, todo sujeto -eso sí- a la aprobación ciudadana vía plebiscito.
La cronología era la siguiente: en las jornadas venideras se daría inicio a una etapa de educación cívica y constitucional que se extendería hasta marzo de 2016.
A continuación, se realizaría un proceso “ordenado” de diálogos ciudadanos partiendo a nivel comunal para terminar con una síntesis a nivel nacional que será entregada a la jefa de Estado en octubre del mismo año.
Este proceso, supervisado por un consejo ciudadano de observadores -entre los que participaron representantes de distintas sensibilidades políticas y sociales- presentó su informe final en enero de 2017.
El contenido
De acuerdo a lo expuesto por la mandataria, el texto modifica "sustancialmente" la Constitución vigente, pero mantiene casi todas las introducidas en las reformas después de 1989 y muchas de las cuales provienen del texto de 1925.
¿Cuál es el espíritu que anima a la nueva Constitución y cuáles son las principales innovaciones? Se preguntó la Presidenta al momento que comenzó a enumerar:
En primer lugar, este proyecto se hace cargo de la desprotección de sus derechos en que vive la enorme mayoría de los chilenos. Esta nueva Constitución establece que Chile es un Estado de derecho democrático y social. En consecuencia, establece nuevos derechos y amplía, aclara, perfecciona y garantiza los derechos y garantías ya establecidos en el texto vigente".
"Establece la inviolabilidad de la dignidad humana y el respeto y protección de los derechos humanos. Así de claro, corrigiendo una tremenda omisión del texto actual.
"Establece los derechos de los niños, las niñas y de los adolescentes; el derecho a la personalidad, a la participación, a la información, a la vivienda, al trabajo, o a la gratuidad en la educación. Amplía el derecho al debido proceso, el derecho a huelga, al ejercicio de los derechos políticos, el derecho a la libertad individual y a la seguridad personal, derecho a la protección de los datos privados o a la calidad en la salud pública y a la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, especialmente en materia salarial. Perfecciona el derecho a la educación, a la protección de la salud, a la seguridad social, a la inviolabilidad del hogar y toda forma de comunicación privada.
Pero, por sobre todo, dijo Bachelet, "esta Constitución garantiza una protección eficaz de los derechos que establece. En el futuro, toda persona podrá recurrir a los tribunales cuando estime haber sido lesionado en cualquiera de los derechos establecidos constitucionalmente".
A su juicio, "éste es un salto gigantesco en nuestra sociedad que nos pone a la altura de los países más desarrollados del mundo".
Segundo, dijo, esta Constitución se hace cargo de una deuda histórica: el reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios, con sus derechos, su identidad y su cultura y su legítima aspiración de tener una representación en el Congreso Nacional.
En tercer lugar, dijo, esta nueva Constitución enfrenta los severos defectos y carencias que presenta el texto vigente respecto de la definición del rol de los órganos y las instituciones del Estado y respecto de las relaciones entre ellos.
"Establece un equilibrio entre los poderes del Estado, en especial entre el Gobierno y el Congreso, para permitir el verdadero juego democrático. Se eliminan los quorum supramayoritarios en las leyes, y se elimina el control preventivo voluntario del Tribunal Constitucional".
También, sostuvo la Presidenta, se establece explícitamente que los órganos públicos, independientemente de su autonomía, son órganos del Estado, y que sus controversias en materia de competencias están sujetas a un procedimiento establecido en la propia Constitución.
Finalmente, Bachelet afirmó que "se profundiza nuestra democracia y se fortalece la soberanía popular a través de mecanismos de innovación como lo es la Iniciativa Ciudadana de Ley, que podrá ser puesta en marcha por el 5% de los ciudadanos con derecho a sufragio".
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