“Críticas a la metodología y sistematización del proceso constituyente” se titula el análisis publicado hace un par de semanas por el subdirector del CEP Lucas Sierra, que llama la atención teniendo en cuenta que integró el Consejo Ciudadano de Observadores del proceso (CCO).
En el texto, el investigador expone lo que estima será la complejidad para traducir los resultados del proceso constituyente en disposiciones constitucionales, por, a su juicio, algunos aspectos de la sistematización de resultados cualitativos.
Un desafío para el gobierno, que anunció para fines de año un proyecto que en palabras de este abogado permitirá dar un giro en la discusión constitucional que a la fecha solo ha girado en torno al procedimiento, sin entrar al debate de fondo –lo que sí ha intentado hacer el CEP con dos libros- y hablar sustantivamente de qué vamos a cambiar, lo que además ha generado una “incertidumbre que genera una ansiedad innecesaria y poco eficiente para el debate”.
De ahí que, advierte Sierra, “si hay tanto interés por cambiar la Constitución, el primer paso debió haber sido: ‘esta es mi propuesta sustantiva’ y no mantener el cambio constitucional como un eje que gira en el aire permanentemente”.
- Cuando las críticas a la actual carta apuntan a la legitimidad porque fue hecha en dictadura, presentar un texto sin la participación ciudadana ¿no correría el mismo riesgo?
- Hay un problema sin duda con la Constitución actual, cuyo origen es en dictadura. Sin embargo, ha sido la Constitución más modificada en democracia en la historia de Chile. Empezamos, por suerte, con la reforma de 1989 que le introdujo una mayor capacidad y adaptabilidad democrática.
Ninguna de las constituciones en Chile tiene un origen que uno podría decir es perfectamente democrática. Entonces ese argumento de la falta de legitimidad juega, un poco, como un velo que impide enfocarse en el contenido, en qué queremos. Esta aspiración de una cierta pureza funciona más bien como un distractor en la discusión, en la medida que se repite sin aportar cuestiones sustantivas, funciona más bien disfuncionalmente.
- ¿Y en este caso el gobierno ha actuado de manera ineficiente o ausente?
- Se hubiese aprovechado mucho mejor el proceso de discusión constitucional si el gobierno dice: ‘de la Constitución del 80, además del hecho que se haya originado en una dictadura tan horrorosa, lo que me interesa cambiar es esto’ y se puede hacer una consulta ciudadana. Si el problema es que seguimos haciendo reformas que impiden borrar el pecado original, hay que hacer algo distinto, perfectamente podría ser un plebiscito ratificatorio, se hizo pero todavía había dictadura. Un plebiscito ratificatorio podría ser el bautismo que finalmente corte esta línea de pecado que se remite al 80.
- ¿Y así se pone fin a esta discusión?
- Tampoco daría por cerrada la cuestión constitucional de una vez y para siempre, pero sí, no la tendría tan absolutamente abierta como ahora. Es bueno que las sociedades estén sometiendo a escrutinio, por su propia experiencia, a sus instituciones, pero no con este nivel de incertidumbre, de decir que necesitamos una nueva Constitución, que se va a cambiar mediante un procedimiento que tampoco nadie sabe muy bien lo que es y que no se sabe sobre qué.
- Es, como dijo el ministro Eyzaguirre, un debate “inescapable” para la próxima administración…
- El gobierno va a dejar planteado un proyecto. Ya mandó uno, que es lo que se llama la reforma corta, que lo que hizo fue atacar la incertidumbre con más incertidumbre, porque mandó una convención constitucional que no es, al menos explícitamente, ninguna de las cuatro alternativas que se anunciaron en octubre de 2015 cuando se estableció el itinerario constitucional. Y eso tiene un problema también: modificar un mecanismos de reforma sin saber lo que se va a reformar, lo encuentro un poquito un salto al vacío. En segundo lugar, como está planteado el proyecto, que lo que decida esta convención constitucional, como sea que se organice y además que se hará con el ejercicio de la potestad legislativa mediante una ley orgánica constitucional, va a ir directamente al Presidente de la República para que sobre ella llame a un plebiscito. Si fuera miembro del Congreso me preocuparía, es como una abdicación de una facultad constituyente, sin tener ninguna razón para ello. Entonces es un nuevo peldaño de incertidumbe en la escalera de incertidumbre.
- Insisto, ¿entonces cómo se cierra esta incertidumbre?
- De varias maneras. Esta constitucionalización de la vida es una cuestión peligrosa para la democracia, cuando se constitucionaliza mucho la vida social no le das el poder a la política democrática, le das el poder a los jueces y ese es un problema. Paradójicamente estás diciendo que vas a fomentar la democracia y a la larga estás generando mecanismos que reducen la política democrática. Discursivamente diría que las constituciones son muy importantes, necesitamos mejoras constitucionales, pero no contar el cuento que una nueva Constitución va a arreglar la vida política chilena, que tampoco está en estado terminal. Las mejoras constitucionales son por ley, no son por una nueva Constitución. Lo que sí necesitamos por Constitución es un mejor régimen político.
- ¿Cuáles serían esas mejoras?
- Suprimir las leyes orgánicas constitucionales; reduciría las competencias del Tribunal Constitucional, sobre todo las preventivas durante el proceso de discusión de ley, y corregiría el presidencialismo exacerbado que tenemos. Iría hacia un sistema más parlamentarista, que pueda afrontar bien las crisis y que no nos pase como a Brasil o EEUU, donde tienes un enfrentamiento entre el Congreso y el Presidente de la República y no tienes modo razonable de solucionarlo.
El peligro de ausencia de gobernabilidad
- ¿La necesidad de corregir el presidencialismo estaría más aparejada con el cambio del sistema electoral?
- El presidencialismo tiene muchos problemas y uno de esos es que convive bien con ciertos sistemas electorales para el Congreso y mientras más mayoritario sea, mejor. Mientras más proporcional más riesgo hay de ingobernabilidad y nosotros evolucionamos hacia un sistema más proporcional sin modificar el régimen político. Fue bueno cambiar el binominal, pero si no cambiamos el régimen político, se exacerbará el peligro de ausencia o disminución de gobernabilidad, que enfrenta por definición el presidencialismo.
- Un sistema más proporcional, la aparición de más partidos políticos provocaría un Congreso más fragmentado, ¿cambiará el mapa político del Parlamento?
- Es difícil predecirlo, las conductas son endógenas a las reglas también. Algo va a cambiar, no demasiado, no será una hecatombe en esta primera vuelta, pero es posible que vaya evolucionando hacia un Congreso más atomizado hacia el futuro.
-¿Cómo observa el proyecto presentado por un grupo de senadores que avanza a un régimen semipresidencial?
- Muy tímido. Creo en los cambios graduales, las democracias funcionan a pasos y no a grandes saltos. Apunta en la dirección correcta pero es bien tímido. Básicamente lo que permite es que los parlamentarios vayan al gobierno, puedan volver y seguir reeligiéndose . Refuerza al Congreso, lo que es positivo, pero de una manera muy insuficiente.
- Como exintegrante de la Comisión Engel que propuso nuevas normas a los partidos políticos y a raíz de la polémica que afecta al PS y al PC ¿espera algún pronunciamiento del Servel, dado que es la entidad responsable de fiscalizar a dichas entidades?
- El Servel tiene que fiscalizar que se cumpla la ley y mi sensación es que ambos partidos no han infringido la ley. El Servel no es un tribunal ético, ni debería transformarse en ello. Ojalá los partidos tuvieran distintas formas de financiamiento y no dependieran completamente del subsidio fiscal. Cuando empiezas a mamar solo de la teta fiscal se produce un problema.
Debiéramos tener una regulación más flexible de los partidos, deberían poder tener medios de comunicación, estar más insertos en la sociedad, regulando los conflictos de interés. Entonces una condena tan grande y altisonante a lo que hace el PS y el PC nos puede llevar, y ese es el peligro que veo, a ir cortando todas las formas de financiamiento.
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