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Publicado: Miércoles 6 de enero de 2016 a las 04:00 hrs.
Ayer partió en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados la discusión del proyecto que creará una nueva institucionalidad estadística para Chile, fortaleciendo la capacidad técnica e independencia del actual Instituto Nacional de Estadística (INE).
El encargado de abrir los fuegos en el Congreso fue el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien detalló los principales puntos de la iniciativa a los parlamentarios, como la creación de un consejo técnico y otro interministerial y lo relativo al nuevo sistema de nombramiento y remoción del director de la entidad, entre otros.
El secretario de Estado señaló que existen cuatro elementos esenciales para la nueva institucionalidad del INE: la independencia con un gobierno corporativo; el aumento en el financiamiento; el trabajo coordinado entre las instituciones que generan información pública para resguardar su calidad y mejorar el acceso a los datos, junto con resguardar su control y privacidad.
Además, indicó que el proyecto avance en dirección de cerrar las brechas de funcionamiento detectadas por organismos internacionales.
“Este proyecto avanza decididamente en la generación de una institucionalidad a la altura de los países de la OCDE. Lo hacemos porque tenemos un compromiso con generar mejores estadísticas públicas y dentro de eso está la realización de un Censo en abril de 2017, que será de todos los chilenos y es una tarea de nuestro país”, dijo Céspedes.
Al cierre de esta edición, los miembros de la comisión -encabezados por el diputado PPD Joaquín Tuma- planteaban sus dudas al ministro y esperaban definir los invitados para la próxima sesión.
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.