En el marco de la tramitación del cambio al sistema binominal por uno proporcional, en el Senado el oficialismo pidió al gobierno una fecha definitiva, que no supere el 10 de enero, para el ingreso del proyecto de financiamiento de la política, a lo que la ministra de la Segpres Ximena Rincón se comprometió suscribiendo un protocolo de acuerdo con los integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.
Y es que dada la tardanza en la presentación de la iniciativa, algunos senadores quieren ver el contenido del documento antes de desechar por completo las indicaciones presentadas al proyecto del binominal y que van en esa línea.
Tal como se había acordado el pasado martes, la mañana de ayer, la ministra Rincón presentó un power point, titulado "Fortalecimiento de la Democracia y Transparencia", con los principales ejes que contendría el proyecto de financiamiento de la política y que consisten en modificaciones a las leyes de gasto electoral, a la ley de partidos, la normativa de votaciones populares y escrutinios y la del sistema de inscripciones electorales y servicio electoral.
Concluida la presentación, que se prolongó alrededor de 30 minutos, el senador socialista Alfonso De Urresti insistió en la postura asumida el día anterior en relación al proyecto de financiamiento, pues el gobierno reitera en que este tema no tiene relación con el del cambio al sistema electoral, por lo que debe ir en una iniciativa aparte.
"Lo dije de manera clara, si no está el proyecto ingresado, firmado por la Presidenta, yo no voy a votar (...). Yo no doy un cheque en blanco ni a mi gobierno ni a ningún otro", dijo el parlamentario, manifestando, incluso, su molestia respecto del retraso en el ingreso del proyecto.
Esta drástica posición adoptada por De Urresti fue lo que motivó la suscripción del protocolo que se suscribió en la tarde de ayer.
Y es que la actitud del senador socialista fue respaldada por el presidente de la comisión, el PPD Felipe Harboe, quien terminó presionando a la secretaria de Estado, pidiéndole el compromiso explícito de que el polémico proyecto que se viene preparando hace semanas ingrese de una vez por todas a tramitación.
La UDI con Rincón
En la reunión, el senador UDI Hernán Larraín fue –igual que en la sesión del martes- el aliado de la ministra, ya que coincidió en que el cambio al binominal es materia electoral, no así el de financiamiento que tiene una lógica distinta, por lo que deben ser tramitados por separado.
A la comisión también asistieron los diputados Vlado Mirosevic y Giorgio Jackson, quienes defendieron sus indicaciones, que apuntan a eliminar los gastos reservados y el aporte de las empresas. Jackson destacó que "la política tiene que tener sentido de oportunidad" y que "dado el escándalo que está viviendo nuestro país por el caso Penta" es momento para abordar el tema que plantean.
Y si bien Mirosevic valoró el proyecto que prepara el gobierno, que aún no se conoce en su integridad, planteó que de todas formas las indicaciones en materia de financiamiento son "complementarias", a lo que Rincón le aclaró que estos temas están acogidos en la propuesta del Ejecutivo.
Así, pasadas las 17:30 horas se firmó el protocolo de cuatro puntos, eso sí con la ausencia del senador De Urresti –quien dijo que concuerda con el texto, pero que "no firma protocolos de acuerdo-. En el documento se establece el 17 de diciembre como fecha tope para el ingreso al Parlamento de "un proyecto de ley que aborde de forma integral las normas sobre gasto electoral, financiamiento de campañas políticas y partidos, regulación de la propaganda electoral, establecimiento de sanciones eficaces y fortalecimiento de las atribuciones y recursos del Servicio Electoral", sólo en ese momento la Comisión de Constitución rechazará las indicaciones sobre el tema que se presentaron al proyecto de cambio al binominal.
Baja a la mitad límite de gasto electoral
El documento de 14 carillas presentado por la ministra Rincón plantea que los ejes del proyecto de Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia son equidad, transparencia y control democrático.
En este contexto, modifica al menos cuatro legislaciones relacionadas con la política.
Sus elementos más relevantes, en lo que dice relación con el gasto electoral, es que disminuye a la mitad el límite que existe actualmente para todo tipo de aspirantes a cargos públicos. También se eliminan los aportes de personas jurídicas, se duplica el aporte público a las campañas y los candidatos no estarán obligados a rendir documentadamente gastos menores que no excedan el 20% de su total de gasto y será la ley la que establezca lo que se entiende por "gastos menores y frecuentes".
En relación con el gasto electoral, según el documento, entre otras cosas, también se contemplan sanciones a quienes obtengan aportes "mediante falsedad, engaño o maliciosa omisión", el que será castigado con presidio menor en su grado mínimo a medio.
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