La Contraloría de la República dio a conocer hoy un dictamen mixto, en relación a la denuncia formulada por Rodrigo Hinzpeter, Andrés Allamand, Andrés Chadwick y Jorge Schaulsohn de una supuesta intervención electoral en que habrían incurrido ministros de Estado.
En tanto, los secretarios de Estado requeridos por la entidad fiscalizadora respondieron a dicha denuncia que los ministros
de Estado son colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la
República, por lo que su función "es por esencia política" y en su
ejercicio necesariamente están llamados a realizar acciones y a emitir
opiniones de significación política, por lo que el cumplimiento de estas funciones "de modo alguno puede ser calificado como falta de probidad".
Ante esto, la Contraloría aclara que "los Ministros
de Estado, en el desempeño de la función pública que ejercen, siempre
deben observar cabalmente las normas constitucionales y legales que
regulan el principio de probidad administrativa".
En ese sentido, la entidad asegura en el dictamen que "cualquiera sea su jerarquía, y con independencia del estatuto jurídico
que los rija, están impedidos de realizar actividades de carácter
político y, por ende, a manera ejemplar, no pueden hacer proselitismo o
propaganda política, promover o intervenir en campañas, participar en
reuniones o proclamaciones para tales fines, asociar la actividad del
organismo respectivo con determinada candidatura, tendencia o partido
político, ejercer coacción sobre otros empleados o sobre los
particulares con el mismo objeto, y, en general, valerse de la
autoridad o cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio,
candidaturas, tendencias o partidos políticos".
Sin embargo, si bien la Contraloría ratifica que los ministros no pueden realizar actos de campaña, tal como lo denuncian los integrantes del comando del candidato Sebastián Piñera, admite que "este criterio sólo resulta aplicable hacia el futuro, sin afectar los casos particulares ocurridos con anterioridad", y en cambio sostiene que ante "eventuales infracciones que los Ministros de Estado, en el ejercicio de sus funciones, cometan contra las normas sobre probidad administrativa" podrán ser vistas en la Cámara de Diputados, mediante una acusación constitucional.
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