La flexibilización del levantamiento del secreto bancario ha sido uno de los principales focos de controversia en el proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.
El texto se apresta a iniciar su etapa de discusión en particular en la comisión de Hacienda del Senado. En paralelo, una comisión de expertos se encuentra elaborando las indicaciones en este tema y otros igualmente controversiales, como el cambio a la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), la aplicación administrativa de la Norma General Antielusión (NGA) y la creación de la figura del denunciante anónimo con fines tributarios.
Adicionalmente, el proyecto de inteligencia económica -en trámite en la comisión de Seguridad de la Cámara Alta- establece modificaciones en la misma materia, pero con el foco en investigaciones ligadas al crimen organizado, eliminando la autorización judicial previa para el acceso de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Con este telón de fondo, Horizontal entregó una propuesta para desenrredar el nudo del secreto bancario. El centro de pensamiento ligado a Evópoli propone siete medidas para congeniar la flexibilización del acceso a la información financiero, pero con el resguardo de los derechos de los contribuyentes.
"Han sido puntos de disenso el silencio positivo del contribuyente frente al requerimiento de información bancaria sujeta a reserva por parte del SII; el establecimiento de la responsabilidad en el contribuyente de probar que la información que requiere el SII no es indispensable para su examen ante el Tribunal Tributario Aduanero (TTA); y la eliminación de la autorización judicial en el requerimiento de acceso a información bancaria sujeta a reserva cuando sea la UAF o la CMF la solicitante", comienza el análisis elaborado por el investigador de Horizontal, Alfonso España.
Entre las propuestas, el cientista político plantea que se debe resguardar que sea el servicio quien deba presentar los antecedentes ante el TTA que justifiquen el levantamiento del secreto bancario. En la propuesta original del Ejecutivo, era el contribuyente quien debía entregar los antecedentes al tribunal especializado para justificar su oposición al acceso de su información financiera, revirtiendo el peso de la prueba.
"El peso de la prueba debe seguir recayendo en el SII, con el fin de resguardar los derechos fundamentales de las personas. Esto implica que el SII debe solicitar la autorización judicial para requerir dicha información si es que es negada por el contribuyente y no que sea él quien deba justificar por qué la información no es indispensable para la investigación del SII. Del mismo modo, no
debiese haber silencio positivo por parte del contribuyente", recalca el investigador.
Adicionalmente, postula la reducción de los plazos de entrega de información bancaria cuando el contribuyente acepte levantar el secreto, desde los 45 días actuales a 15 días. Como tercera idea, en caso de que el cliente del banco se niegue, establecer un plazo máximo de cinco días para que el TTA notifique la audiencia al contribuyente y al SII.
Así, las medidas están en línea con el objetivo de Hacienda y los senadores de simplificar el procedimiento para el levantamiento del secreto bancario, apuntando a acotar los plazos máximos de respuesta.
Notificaciones y alto número de transacciones
La cuarta medida es mantener la excepción a la notificación al contribuyente cuando pueda obstruir la investigación. Cabe recordar que en la discusión en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo propuso que el acceso a la información bancaria fuera sin conocimiento ni oposición de la persona en casos específicos, como investigaciones por delitos de elusión y evasión, precios de transferencia, reorganizaciones empresariales y exceso de endeudamiento, entre otros.
Otra propuesta es ampliar la información agregada que entregan las instituciones financieras al SII, como el número de transferencias mensuales superiores a 50 a una misma cuenta o depósitos en cuenta corriente superiores a montos por definir, entre otros.
En sexto lugar, España apunta a modificar la gobernanza del SII, fortaleciendo el nombramiento del director nacional con la ratificación del Senado y moverse hacia una institución de carácter colegiada y autónoma de los gobiernos de turno.
"Además de modificar el proceso de selección del director del SII, es necesario que la institución cuente con una nueva gobernanza, conformada por un Consejo que prevenga el mal uso de las potestades de inspección, regulación y sanción del SII, cuyos integrantes sean seleccionados con acuerdo del Senado. Dichos consejeros deberán tener voz vinculante con respecto a las circulares de aplicación general que prepare el SII", postula el especialista.
La séptima medida es mantener la autorización judicial para el acceso a información bancaria sujeta a reserva para la CMF y la UAF.
El diagnóstico
En su reporte, España aporta con antecedentes para la discusión del secreto bancario, como por ejemplo que desde la entrada en vigencia de los TTA (en 2010), el SII solo ha acudido en cuatro oportunidades para solicitar el acceso a la información bancaria, con la justicia especializada fallando a su favor en las cuatro ocasiones.
Asimismo, Chile se ubica por sobre la media de los países de la OCDE en el ranking que mide cuán restrictivo es el acceso a la información financiera de los contribuyentes, ubicándose en la octava plaza en un conteo liderado por Suiza, Estados Unidos y los Países Bajos. ¿Los más flexibles para levantar el secreto bancario? Eslovenia, Islandia y Estonia.
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