Por Rodolfo Carrasco
En doble votación, el Ejecutivo logró imponer en definitiva, por la vía de la insistencia, el inédito veto a la Ley de Presupuestos 2013, que buscaba corregir normas inconstitucionales decretadas por el Parlamento que mediante indicaciones de diputados de la oposición aumentó los beneficios de pensiones para ex trabajadores de Enacar, prohibió que pudieran reducir los programas de empleos de emergencia en la VIII Región y entregó la posibilidad de recibir aguinaldo de Navidad a estos trabajadores, entre otras normas.
La directora de Presupuestos Rosanna Costa, manifestó que “en términos de haber logrado corregir vicios inconstitucionales con esta votación el gobierno está satisfecho. Todavía queda ver el veto en el Senado, pero estamos seguros que se aprobará. Quiero destacar que en términos de beneficios, no va a haber ningún cambio, el Ejecutivo no vino a reducir beneficios, sino que a defender la institucionalidad”.
Explicó que “aquí se ha reestablecido un instrumento flexible que permite salir a dar programas de emergencia cuando sea necesario y los beneficios que reciben los trabajadores que hoy los tiene no van a disminuir”.
Lo anterior en relación a que el gobierno mantiene la autonomía para ampliar o reducir en todo Chile el número de empleos de emergencia según las necesidades que surjan y mantener que este tipo de labores no tiene acceso a aguinaldo de navidad.
Respecto a la decisión de no recurrir al Tribunal Constitucional (TC) y utilizar un veto, por primera vez desde 1990 para la Ley de Presupuesto, dijo que “estoy convencida que el TC valora que se usen todas las instancias previas antes de recurrir a ellos, ésta isntancia está, existe; y lo que viene a hacer es corregir un error constitucional cometido en el Congreso”.
Sin embargo, el diputado Carlos Montes (PS) señaló que “lo que ocurrió es que el Parlamento acordó un conjunto de medidas para enfrentar el tema del empleo en la región del Biobío y lo hizo de una manera que iba más alla de las facultades que tenemos, pero se hizo así, porque el gobierno no conversaba sobre el tema”.
Sostuvo que “siempre se encontraba una solución en el debate pero el gobierno se cerró y quizo imponer un criterio. Llegamos a esta situación límite por una tozudez del gobierno, porque lo lógico era haber encontrado una solución en el debate legislativo. El Ejecutivo no entiende que debe buscar acuerdos y al final produce una situación de crisis institucional, porque si se rechazaba el veto se generaba un conflicto mayor”.