Suma urgencia para su tramitación, es decir 10 días de debate en cada rama del Congreso, le fijó el Ejecutivo al proyecto de reforma constitucional sobre transparencia, modernización del Estado y calidad de la política, que entre otras materias, establece la obligación de las autoridades de declarar públicamente sus intereses y patrimonio.
La enmienda constitucional, que llegó al Senado a cumplir su segundo trámite constitucional, fue derivada a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para su análisis.
En lo fundamental el proyecto establece que el Presidente de la República y otras autoridades que se determinarán a través de una Ley Orgánica Constitucional, deberán declarar públicamente sus intereses y patrimonio, y en los casos que lo establezca la ley, encomendar la administración de sus bienes y obligaciones a terceros.
La iniciativa también aborda otras materias tendientes a regular las elecciones primarias y la publicidad de los padrones de militantes.
Respecto al primer punto, propone que otra Ley Orgánica Constitucional establezca un sistema voluntario de elecciones primarias para la nominación de los candidatos a cargos de elección popular, cuyos resultados serán vinculantes para los partidos políticos, asimismo, dispone que la nómina de los militantes de los partidos políticos sea pública y se registre en el Servicio Electoral.