La economista Andrea Repetto no titubea al momento de sostener que en las elecciones del 17 de noviembre “Chile ya votó mayoritariamente por los cambios”. Es que la también académica, directora del Centro de Políticas Laborales de la Universidad Adolfo Ibáñez y asesora en materias económicas de la abanderada de la Nueva Mayoría, subraya que “a la candidatura de Bachelet le faltaron muy pocos puntos para ganar en primera vuelta y que casi todos los programas de los otros candidatos, están promoviendo un país distinto”.
- Pero la nueva composición del Parlamento no alcanza para un cambio a la Constitución ¿Cómo se avanzará en eso? ¿Acuerdos o “aplanadora” como plantean algunos?
- Creo que hay que hacer los acuerdos sí o sí. Si estamos hablando de cambiar la Constitución, se trata de lograr una que nos represente a todos y, por lo tanto, no le puedes pasar la aplanadora a nadie porque eso va contra el objetivo mismo de cambiarla. Tengo fe que vamos a poder cambiar el sistema binominal y que ese es el primer paso. Me costaría mucho entender que se resten senadores y diputados que no son de la Nueva Mayoría, porque este es un sistema que no da para más. Quizás no alcancemos a hacerlo todo ahora, pero con ese paso se va allanando el camino hacia una nueva Constitución.
- ¿El cambio a la Constitución quedaría entonces, para una próxima elección parlamentaria?
- Es posible que ahí se pueda hacer. Hay distintos mecanismos para hacer esto y el punto aquí es que no nos vamos a demorar un año en tener una nueva Constitución, hay que hacer otras cosas antes para conseguirlo. Si bien esta candidatura no se ha pronunciado sobre cuál va a ser el mecanismo y no ha descartado distintas alternativas, propuso que tenía que hacerse por medio de un mecanismo ciudadano, participativo e institucional. Los primeros pasos están el Congreso.
- Esto es una mezcla entre realismo político y choque contra las expectativas. Avanzar en el binominal y esperar a la otra elección…
- Ese es un camino, que se reforme el binominal y que en la próxima elección la conformación del Congreso sea distinta. Las otras posibilidades están arriba de la mesa: plebiscito, Asamblea Constituyente. No sé cuál va a ser la prioridad del próximo gobierno, no se ha descartado ningún mecanismo, pero el trabajo va en esa dirección. Creo que sería un error esperar que esto se haga en uno, dos o tres años, este es un cambio mayor. No hay que olvidar que están los cerrojos de la Constitución, hay que ir abriéndolos y eso no se hace de un día para otro. Eso se podría haber hecho con los 3/5, pero esa proporción no está.
- Para la Reforma Tributaria si tienen los votos ¿existe espacio para negociar?
- La Reforma Tributaria va de todas maneras. La idea es que el sistema de impuestos a la renta se vuelva progresivo de verdad, no solamente en el papel. La reforma planteada es más que ajustar las tasas, es que las personas, los contribuyentes de mayores ingresos y que generan ingresos de la forma de capital no tengan tratos preferenciales injustificados, como el que sólo ellos pueden escoger cuando cumplir sus compromisos tributarios.
- ¿Pero hay espacio para negociar algo de la eliminación del FUT? ¿Los plazos, por ejemplo?
- Cuatro años es una gradualidad razonable por dos motivos: le da tiempo a la empresa para que se pueda reorganizar en función de esto y, al mismo tiempo, porque los recursos que se van a recaudar no se van a utilizar todos inmediatamente para la reforma educacional. La gradualidad de los cuatro años está pensada para que los recursos estén en los momentos que se van a necesitar.
- ¿Está definida la escala de alza del impuesto de Primera Categoría?
- No, no está fijado.
- ¿Y no sería bueno fijarlo para bajar los niveles de incertidumbre?
- La tasa de impuesto a las empresas no debiera ser la relevante para el empresariado. Si debiera serlo en un sistema integrado es la tasa a las personas, el global complementario. Eso no se cambia sino al cuarto año cuando se baja la tasa marginal máxima. Esa es la que debiera determinar la rentabilidad de un proyecto de inversión, si es que efectivamente se van pagar todos los impuestos que se deben, por lo tanto estos pequeños cambios en la tasa de Primera Categoría no debieran modificar las decisiones de inversión de las empresas. De hecho, todos los trabajos académicos que tenemos dicen que esa sensibilidad es baja, sobre todo en las empresas más grandes porque tienen otras formas de financiarse.
- Hay quienes dicen que tampoco se va a recaudar más con la Reforma Tributaria si el país crece menos...
- Tenemos que poner nuestro Estado al día con el nivel de desarrollo del país. Tenemos un PIB per cápita que nos coloca, según el BM, entre los países de altos ingresos, pero sabemos que la gran mayoría de los chilenos no vive con ingresos al nivel de ese PIB per cápita. Además, si fuera cierto que los ingresos tributarios aumentan proporcionalmente con el crecimiento, no veríamos como en las últimas décadas se triplicó el PIB per cápita, pero la recaudación fiscal siguió siendo la misma, algún número alrededor del 20% sin seguridad social. El mayor crecimiento no hace magia en términos de la recaudación fiscal, por eso necesitamos que los nuevos ingresos como proporción del PIB sean permanentes para ponernos al día con el nivel de desarrollo que tenemos y con las necesidades del país. Quedaríamos con una carga tributaria de 23%, la cual es más baja que el promedio y la mediana de la carga tributaria de los países desarrollados cuando tenían nuestro PIB per cápita.
"Parece contradictorio con el discurso y las políticas tradicionales de la derecha"
- ¿Hay algo distinto que busquen potenciar en el camino hacia la segunda vuelta?
- Esta candidatura se ha centrado en tres reformas relevantes para generar mayor representatividad, mayor inclusión y mayor igualdad entre los chilenos: el cambio constitucional, que es clave y en el que casi todas las otras candidaturas estaban a favor; el cambio en el sistema educacional; y una reforma tributaria que tuviera dos objetivos en mente: más equidad y mayor recaudación. El énfasis en eso va a seguir, son las tres áreas prioritarias y el próximo gobierno va a tener las manos llenas con estos temas. Sin embargo, hay otras áreas que también son relevantes para la ciudadanía, por ejemplo, una mejor protección a los consumidores, reformas al sistema de salud y mejoras al sistema de protección social.
- ¿Qué percepción tiene de las nuevas medidas anunciadas por la candidatura de Evelyn Matthei?
- Ha habido cambios relevantes. Por ejemplo, el subsidio al empleo de la mujer que creó este gobierno es demasiado débil para generar diferencias reales. A lo más se paga por 48 meses consecutivos a lo largo de toda la vida de la trabajadora, y está altamente focalizado en mujeres de los hogares de menores recursos. La ex ministra del Trabajo ahora promueve incorporar a todas las mujeres de salarios bajos, algo que debió haber sido considerado desde el inicio. En cualquier caso, no sabemos si la limitación de los 48 meses seguirá siendo efectiva. El nuevo programa no dice nada al respecto.
- ¿Qué le parecen los bonos anuales de $ 1 millón para la clase media, la casa propia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar?
- Tenemos muchos temas que revisar con respecto a las políticas sociales. De partida, nuestro gasto social ha estado híper focalizado, pero la realidad en Chile es que la distribución del ingreso es muy plana, excepto en los sectores más acomodados. La gran mayoría de los chilenos tiene ingresos muy parecidos, sus hijos acceden a escuelas que son muy similares en calidad y tienen las mismas dificultades para atenderse en el consultorio. Por lo tanto, tenemos que movernos hacia una política social que sea mucho más amplia, que llegue a más personas, que de alguna manera reduzca las arbitrariedades que tiene hoy.
- ¿En qué se traduce eso?
- En la práctica, por ejemplo, debemos cambiar el sistema de la vivienda social. No puede ser que mientras las oportunidades laborales estén en la ciudad, la oferta pública lleve a que muchas personas tengan que vivir fuera de ésta sin que exista un transporte público que se acomode a eso.
- ¿Y los bonos?
- La discusión de los bonos siempre va a estar arriba de la mesa y eso en parte tiene que ver con la manera en que medimos la pobreza en Chile. Mientras lo sigamos haciendo en función del ingreso, el incentivo a resolverla es regalando bonos. Si tenemos una visión mucho más amplia que reconozca e incorpore otras carencias, como la calidad escolar, el acceso a salud, a la vivienda, las redes sociales con las que uno cuenta, o qué tan cubierto está el trabajo por seguridad social, es mucho más probable que la política pública tenga los incentivos y se dedique también a resolver directamente eso y no entregue sólo bonos.
- ¿Qué le parecen entonces los anuncios?
- Parece una contradicción con el discurso y las políticas tradicionales de la derecha. Me alegro, sin embargo, que esté de acuerdo con ampliar a quiénes llega la política social. De igual forma, me parecería irresponsable pensar que la manera en que se resuelven los problemas de las personas sea simplemente repartiendo bonos, sino que con derechos y oportunidades.
- Pero cuando Michelle Bachelet fue presidenta entregó bonos...
- Creo que basar la política social en bonos es un error, como una política de mediano o largo plazo. Pero entregar bonos en una crisis, como la de 2008-2009, que permite allegar recursos rápidamente a las personas, es distinto a una política permanente.
Sernac "con atribuciones de Superintendencia que fiscalice y multe"
- El programa considera distintos tópicos respecto al Sernac ¿En qué se traducen esas propuestas?
- Nuestra propuesta central es justamente darle al Sernac las facultades que debió haber tenido desde el primer día, porque no sólo estamos alejados de los estándares de la OCDE, sino que también de América Latina. La idea es que pueda fiscalizar, pedir información de manera vinculante, multar, sancionar, revisar directamente los casos individuales, que las mediaciones colectivas sean a puertas abiertas y no una invitación a la colusión de las empresas, que los juicios colectivos sean ágiles y que las asociaciones de consumidores puedan participar más activamente en ellos.
- ¿Cómo se logra lo que proponen?
- Le estaríamos dando atribuciones como las de una Superintendencia para que así pueda fiscalizar y multar. Que pueda pedir información de manera vinculante, porque hoy la puede pedir, pero las empresas no tienen ninguna obligación de entregarla.
- ¿De qué magnitud serían las multas?
- La idea es que sean proporcionales al daño causado y eso se puede medir a través de las ventas y los cobros adicionales que se hicieron, según sea el caso. Se puede hacer una proporción con eso de manera que sean lo suficientemente altas y así logren ser disuasivas.
- ¿Cómo funcionaría este nuevo Sernac en sectores donde hay superintendencias: Salud, AFP, SVS, SBIF? ¿Cómo se evita que se crucen las facultades y se produzcan conflictos?
- Ese es un tema importante. La coordinación es crucial, porque cada una de estas superintendencias tiene un mandato que muchas veces no necesariamente incluye proteger al consumidor. La idea es que el Sernac sea un par, que tenga el mismo nivel y que ponga en la parte alta del sistema el que hay que preocuparse de los consumidores. No sólo preocuparse de que la industria se desarrolle, como suele ser el mandato de los reguladores, sino que también de que los consumidores estén bien protegidos.
- ¿Pero los objetivos de las superintendencias no van a cambiar?
- Van a cambiar si los derechos del consumidor se vuelven un principio rector y vinculante.
- Por ejemplo, ¿la SVS tiene que entender este objetivo por sobre los otros que hoy tiene?
- En todos los mercados, regulados y no regulados, tendrán que cuidarse los derechos del consumidor. La coordinación y forma de solución de conflictos tendrá que definirse en la ley.
- Las distintas industrias pueden caer en una confusión sobre a quién hacer caso...
- Hoy hacen eso. En el fondo pasan a hacer un arbitraje regulatorio, a acomodarse a las reglas que más les convengan si ellas están en conflicto. No podemos permitir eso, tenemos que tener un sistema que se coordine.
- En el caso de conductas contra la libre competencia proponen cárcel. ¿En qué casos?
- La idea general es cambiar la manera en que se estiman los daños y determinan las sanciones. Creemos que las sanciones debieran ser proporcionales y de verdad disuasivas. En ese objetivo, de proporcionalidad y disuasión, también se debe considerar la pena de cárcel a quienes se coludan, sobre todo en mercados que son más relevantes para la vida diaria de las personas. En muchas ocasiones las sanciones son monetarias y las empresas se hacen cargo de ellas, por lo tanto los ejecutivos no cargan con la responsabilidad de sus actos. También, creemos que esos ejecutivos deben tener inhabilidades en la participación en directorios y otros cargos a posteriori.
- ¿Cuáles son los carteles más gravosos?
- Los más gravosos son los que afectan la fe pública, por ejemplo interferir en las licitaciones del Estado, y la vida diaria de las personas como vivienda, salud y alimentación.
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