El ministro de Justicia, Luis Cordero, llamó a enfrentar las “economías ilícitas” generadas por la criminalidad, para lo cual se requiere que exista transversalidad en las políticas y que “ningún sector ideológico se apodere de este combate, puesto que ese flagelo afecta a la sociedad en su conjunto”.
Cordero, durante la cuenta pública 2023 del ministerio, sostuvo que la preocupación por la proliferación de economías ilícitas no es sólo un tema nacional, resulta una preocupación global y “representa uno de los riesgos nacientes que comprometen el desarrollo económico y social”.
Explicó que “la economía ilícita incluye, pero no se limita a flujos financieros ilícitos, por ejemplo, evasión fiscal, evasión de sanciones, blanqueo de dinero, y comercio ilícito y tráfico, por ejemplo, falsificación, trata de personas, drogas, comercio de vida silvestre, armas etc.”
Agregó que “a medida que crece la facilidad y el atractivo de estas economías paralelas, las líneas que separan a los delincuentes y sus actividades de los sectores de funcionamiento normal pueden tender a difuminarse, así como la presencia y el control estatal sobre las mismas”.
La autoridad instó a una acción coordinada pública y privada para enfrentar las economías ilícitas, enfatizando que “los esfuerzos que hagamos carecerán de eficacia, y sólo podrán ser mínimamente efectivos si no somos capaces de comprender la globalidad del fenómeno” y que “a su vez, los entornos de corrupción y el dinero producto de estas economías pueden cooptar actividades públicas y privadas para sus fines”.
Por ello, el titular de Justicia afirmó que “la seguridad no sólo entraña orden. Las sociedades justas, pacíficas e inclusivas son sociedades seguras. La seguridad y el combate del crimen no son sólo castigo con dureza. El combate de las economías ilícitas no es posible sin reinserción social. No sacamos nada con encarcelar indiscriminadamente”.
Durante la cuenta pública, Cordero destacó el trabajo legislativo que lleva adelante su cartera, con varias iniciativas ya despachadas por el Congreso y en vigencia como la ley que redujo los trámites notariales, la ley contra los delitos económicos, las leyes que fortalecen a Gendarmería para enfrentar el crimen organizado, así como la que crea la Fiscalía Supraterritorial.
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