En medio del conflicto mapuche registrado en la Región de La Araucanía, ex autoridades de gobierno conocedoras del tema no sólo coinciden en reconocer que la compleja situación que se vive en el sur del país no se enfrenta con más policías o la aplicación de la ley antiterrorista, sino que con convertir el asunto en una “prioridad” para la próxima administración, como para la sociedad chilena en su conjunto.
Desde esa perspectiva, tanto el ex ministro Secretario General de la Presidencia en la pasada administración de la presidenta electa, Michelle Bachelet, José Antonio Viera-Gallo -que además fue designado como ministro coordinador del tema indígena-, y el otrora director de la Conadi, Domingo Namuncura, concuerdan en la necesidad de que el Estado de Chile destine más recursos para avanzar en la entrega de tierras a las comunidades; en su reconocimiento constitucional y abrir el debate sobre la autonomía de los pueblos indígenas.
“La promesa que el Estado chileno hizo con la Ley Indígena de devolver las tierras a quienes tenían títulos reconocidos, se ha hecho en forma muy poco seria. No se han puesto los recursos necesarios y por lo mismo, no es una casualidad que donde menos tierras (se entregaron) fue en la provincia de Arauco, donde hay ahora más conflicto”, advierte el ex titular de la Segpres, subrayando en ese sentido, que “la devolución de las tierras es la prueba de la blancura del Estado chileno”.
En la misma línea, Namuncura recuerda que “en los casi 14 años de vigencia de la Ley Indígena, el Estado de Chile ha invertido un poco más de $ 180 mil millones para recuperar 130 mil hectáreas, pero las tierras usurpadas prácticamente hasta el régimen militar superan las 400 mil. Entonces llegó la hora de que el Estado se meta la mano al bolsillo y destine los recursos necesarios para resolver el tema pendiente de las tierras y aguas en las comunidades indígenas, del mismo modo como en su momento resolvió los problemas de crisis de empresas y editoriales de medios periodísticos”.
Otros pendientes
Viera-Gallo enfatiza en que la solución al problema mapuche “no pasa sólo por medidas policiales”, pues el conflicto -dice- “tiene una dimensión política, de participación, del reconocimiento real de la existencia del pueblo mapuche y sus derechos. Cuando el Estado lleva tantos años en deuda se genera una situación de conflicto, un caldo de cultivo para grupos minoritarios violentistas”, sentencia.
En ese punto, Namuncura advierte que el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas “tampoco es suficiente” y que más bien hay que hablar de “derechos políticos integrales” que están respaldados por el Convenio 169 -vigente en Chile- y la Declaración Universal de los pueblos indígenas de la ONU.
“Eso hay que implementarlos en la institucionalidad chilena, significan derechos políticos, sociales, económicos, culturales , derecho a territorio, a ser reconocidos como pueblo, a estar incorporados sus representantes en el Parlamento, en los gobiernos regionales, municipios, a ser sujetos de derechos y no objeto de políticas subsidiarias. Con eso cambia el cuadro”, subraya el ex asesor en el tema en el comando de Bachelet.
En ese sentido y más desafiante el mismo Namuncura asegura que para comenzar a darle una solución al conflicto “no hay que dialogar con los pueblos indígenas, y no porque no haya nada que convsersar, sino porque desde 2004 que las demandas y reivindicaciones están sobre la mesa”, en el Informe de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato que establece 120 medidas a cumplir por el Estado chileno y de las cuales no se han implementado más de 20.
Sector forestal señala que existe impunidad ante hechos de violencia
Por Juan Manuel Villagrán S.
El gremio forestal asume que "la audacia de los atentados (de La Araucanía) se va incrementando año a año" y que "los casos que llegan a ser condenados por el poder judicial son minoritarios, lo que genera una sensación de impunidad", explica Fernando Raga, presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma).
Si bien Raga reconoce que en el gremio no tienen un registro del impacto económico que han significado los actos de violencia en La Araucanía, explica que no es mayor puesto que las forestales chilenas están diversificadas en distintas localidades, productos y mercados.
Acuerdo político transversal
La Corma plantea que es necesario un acuerdo político transversal "para rechazar el activismo violentista como medio para plantear o resolver conflictos; diseñar un plan social y económico efectivo en apoyo de las comunidades más necesitadas, y buscar resolver sus requerimientos en temas culturales; y restaurar plenamente las facultades de las fuerzas de orden para que puedan cumplir su rol". Con esto, añaden en el gremio, "se irá aislando a los sectores violentistas, que son pocos pero están bien organizados".
Raga dice desconocer las medidas que pueda articular el nuevo gobierno para resolver este problema, pero dado que este es un tema que afecta a varias instituciones, esperan ser convocados por las nuevas autoridades para conversar y trabajar en conjunto.
Al respecto, el secretario general de Empresas CMPC, Gonzalo García, indica que "una situación así afecta la vida y la actividad empresarial". El ejecutivo relata que "nuestra gente vive en un estado de temor permanente y recurrimos a la protección policial para poder desarrollar nuestro trabajo". Agrega que "el gobierno y Carabineros hacen lo posible por terminar con este flagelo, pero todo es insuficiente. Atentados, incendios a los bosques, maquinarias y campamentos son permanentes (...) Hace un año falleció en un atentado la pareja Luchsinger Mackay y parece que todo sigue igual".
Lo que dice el programa
• "Al inicio del gobierno, anunciaremos una detallada Agenda para el Desarrollo de los Pueblos Originarios, que incorporará, entre otras, las áres de educación, salud, tierras y desarrollo productivo".
• "Implementar en plenitud el Convenio 169 de la OIT y asumir las tareas inconclusas y los nuevos desafíos, entre otros: asumir la defensa de la lengua de los Pueblos Indígenas y el reconocimiento de sus autoridades".
• "El sello de la próxima década debe ser el del reconocimiento e implementación efectiva de los derechos de los Pueblos Indígenas, en el marco de la discusión de una Nueva Constitución".
• "En los primeros 100 días de gobierno enviaremos un proyecto de ley con discusión inmediata que confiere rango de Ministro de Asuntos Indígenas al director de la Conadi, para luego crear el Ministerio de Asuntos Indígenas".
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