En marzo, la mesa técnica de pensiones debería comenzar a zanjar las discrepancias sobre la futura reforma previsional. Y previo al receso, los representantes de los partidos y el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, recibieron ayer un insumo clave: el informe “Evaluación de los potenciales impactos macroeconómicos de largo plazo de modificaciones al sistema de pensiones”, elaborado por el Banco Central y expuesto por su presidente, Mario Marcel.
En el documento, el instituto emisor concluyó que el sistema de capitalización individual aumenta el ahorro (1,2% del PIB), el Producto (1% en el largo plazo), el consumo (0,7% del PIB) y la inversión.
Sobre el ahorro intrageneracional, que promovería parcialmente el gobierno con un porcentaje del 5% de cotización con cargo al empleador, el Central aseguró que “es clave incorporar incentivos a la formalización y definir con precisión los derechos de propiedad sobre los fondos generacionales”.
Si se crean esos incentivos, puntualiza el organismo, se podría registrar un aumento del nivel de ahorro (1,2%), habría efectos en el mercado laboral heterogéneos y efectos sobre el PIB de largo plazo similar a la capitalización individual (1%).
En caso contrario, si el modelo no tiene incentivos, el aumento en el nivel de ahorro sería marginalmente menor (1,1% del PIB) y se producirían efectos nocivos en el mercado laboral, cuya caída en el empleo formal disminuiría el impacto sobre el Producto de largo plazo.
Pero el análisis más categórico de la institución liderada por Marcel fue ante un posible destino del 5% adicional a un modelo de reparto, lo que disminuiría el ahorro (-1,3% del PIB) y generaría efectos negativos en todas las variables macroeconómicas analizadas: caería el empleo, aumentaría la informalidad y disminuiría el PIB largo plazo.
“En largo plazo, es el sistema que menos hace crecer las pensiones y conlleva un peligro alto de problemas fiscales (con un aumento de la deuda pública que podría llegar a cerca del 40% del PIB hacia 2050)”, expuso el Central, que subrayó: “Para no disminuir pensiones, eventualmente se requiere aumentar las contribuciones y/o reducir los beneficios a generaciones futuras”.
Lo que aclaró la entidad en su informe, fue que el análisis se limita a las jubilaciones financiadas por los trabajadores, desestimando las pensiones del Pilar Solidario y el aporte del Estado vía impuestos.
También omite del estudio si el administrador de los fondos es un ente público o privado, y la forma cómo se entregan los beneficios, ya sea a través de un seguro de longevidad, renta vitalicia u otros.
También, el instituto emisor puntualizó que “las opiniones contenidas en la minuta no deben ser entendidas como un apoyo implícito o explícito a una propuesta específica, sino que como una evaluación de carácter técnico respecto de los efectos macroeconómicos de los distintos escenarios de modificación del sistema de pensiones”.
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