La comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó este martes un artículo clave del proyecto que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios superiores (FES) y un plan de reorganización y condonación de las deudas educativas, poniendo fin al Crédito con Aval del Estado (CAE).
Con el apoyo del oficialismo y el rechazo de la oposición, se aprobó el artículo que establece los requisitos institucionales para acceder al FES, el cual deja fuera a las entidades que se definan jurídicamente con fines de lucro.
“Es incorrecto hablar de lucro por parte del Estado, es lo contrario, va a tener un mecanismo de recaudación mejor que el CAE y va a requerir menos financiamiento”, dijo subsecretario Orellana.
El texto aprobado por ocho votos a favor y cuatro votos en contra, señala que para acceder al instrumento las instituciones de educación superior deberán “estar constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, corporaciones de derecho público o cuya personalidad derive de estas u otras entidades de derecho público reconocidas por ley”.
El diputado Stephan Schubert (Ind) lamentó la aprobación y anunció reserva de constitucionalidad: “Se dice que este mecanismo no es un impuesto y que es un fondo revolvente, pero resulta que subsidia respecto de algunos estudiantes y lucra con otros a los que les va a cobrar más; por eso formulo reserva de constitucionalidad”.
La comisión rechazó una indicación de la oposición que buscaba suprimir la frase “sin fines de lucro” donde la presidenta de la comisión, Emilia Schneider (FA), planteó que lo que se buscaba con esa indicación “era retroceder a que haya lucro en la educación cuando la mayoría de la sociedad quiere que sea un derecho y no un bien de consumo”.
El diputado Sergio Bobadilla (UDI) señaló que “lo que provocará este política pública es aumentar la carga tributaria, estamos condicionando a las universidades a que se adscriban al sistema, las están chantajeando y, al final, es el Estado el que está lucrando con los estudiantes más vulnerables, porque van a devolver más de lo que se les prestó”.
Fue el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, quien aclaró que el texto aprobado “en ningún caso deja afuera a los centros de formación técnica o institutos profesionales” y recordó que “se establecen tres años para que las instituciones puedan transformarse a personas sin fines de lucro”.
Afirmó que el nuevo mecanismo “no es un crédito ni un impuesto, es algo distinto, el instrumento funciona de un modo flexible que se adapta y permite adaptarse a los vaivenes de la vida laboral”, es decir, que pueda devolver el financiamiento si está trabajando.
Orellana enfatizó que “es incorrecto hablar de lucro por parte del Estado, es lo contrario, va a tener un mecanismo de recaudación mejor que el CAE y va a requerir menos financiamiento”.
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