Un documento de 10 páginas hizo llegar el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) a la comisión de Hacienda del Senado con comentarios y sugerencias respecto al proyecto que crea el llamado fondo Covid-19, un vehículo extrapresupuestario por US$12 mil millones para los próximos 24 meses para solventar las medidas necesarias para enfrentar la emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus.
En el oficio, el consejo presidido por Jorge Desormeaux calcula -en base a cifras de la Dipres- en US$2.996 millones las medidas implementadas por el gobierno que forman parte del marco de entendimiento consensuado el 14 de junio de 2020. Aclaran que la cuantía se fundamenta en "el monto de recursos potenciales movilizados en millones de dólares (acorde a estimaciones del Ministerio de Hacienda)".
Sin embargo, precisan que "es importante resaltar que el CFA cuenta con información parcial sobre los montos efectivamente desembolsados". El gobierno evitó referirse a dicha cifra y a través del director de Presupuestos, Matías Acevedo, se comprometió a tener una cifra oficial en las próximas sesiones de la comisión.
Otro de los temas comentados por el CFA es la procedencia de establecer un fondo extrapresupuestario como lo plantea el gobierno. En el oficio, afirman que "los fondos extrapresupuestarios, por su propia naturaleza, podrían generar, por una parte, beneficios en materia de flexibilidad y, por otra, podrían traer aparejados diversos riesgos, en particular en materia de control de las cuentas fiscales y de transparencia".
De este modo, en opinión del consejo, "la creación de un fondo extrapresupuestario requeriría de una justificación sólida acerca de que los beneficios del mismo superan los riesgos detectados, considerando la incorporación de mecanismos institucionales que resulten eficaces para mitigarlos", y agrega que "los organismos internacionales, en general, han sido tradicionalmente críticos de los fondos extrapresupuestarios. Aunque en algunos casos se reconoce que existe una sólida justificación económica y de economía política para crear este tipo de fondos (como los de seguridad social) y de que hay ejemplos de buena gestión de los mismos".
En cuanto al principio de oportunidad, el CFA afirma que "cabe hacer presente que el proyecto contiene normas que buscan que la gestión del fondo sea expedita, sin que ello implique reducir los controles necesarios para la correcta utilización de sus recursos. En ese sentido, se observa como una solución equilibrada la incorporación de un trámite breve y sumario de toma de razón por la Contraloría General de la República. Ahora bien, esta medida también podría ser incorporada para el caso en que se creara un fondo de carácter presupuestario".
Respecto a la transitoriedad de las medidas, la entidad considera relevante que el fondo sea creado con una fecha de expiración señalada expresamente en la ley, a saber, el 30 de junio de 2022. "Con todo, es necesario hacer presente que esa forma de propender hacia la transitoriedad de las medidas también es susceptible de ser alcanzada a través de la creación de un fondo presupuestario", señala en el escrito.
En cuanto a los estándares de transparencia, control y rendición de cuentas, el consejo asegura que "el proyecto de ley especifica una serie de normas que aplicarán al fondo Covid-19, con el objeto de mitigar eventuales riesgos asociados a opacidad o falta de control en la gestión".
"Además, dado que los recursos del fondo se transfieren al presupuesto de los servicios que lo ejecutan, desde ese momento les aplican las normas presupuestarias habituales. En este sentido, se puede afirmar que el proyecto contempla resguardos para evitar la falencia de transparencia y rendición de cuentas que, en general, son considerados como fuentes de riesgo respecto de los fondos extrapresupuestarios", concluye la instancia, integrada también por Jorge Rodríguez Cabello, Paula Benavides, Aldo Lema y Gonzalo Sanhueza.
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