Por Paula Vargas
Tres reconocidos abogados en temas regulatorios comentaron a DF su visión del informe de la Comisión Asesora Presidencial para la Defensa de la Libre Competencia entregado la semana pasada. Nicole Nehme (Ferrada & Nehme), Luis Eduardo Toro (Barros & Errázuriz) y Juan Cristóbal Gumucio (Cariola, Díez, Pérez-Cotapos) valoraron las recomendaciones, principalmente las relacionadas con mejorar el sistema de control de fusiones y el establecimiento de umbrales sobre los cuales la consulta deberá ser obligatoria.
“Ello terminará con la contradicción que existe entre la ley –que define la consulta como voluntaria y respecto de los actos futuros o ya ejecutados- y las autoridades, que públicamente han criticado que se consulte operaciones ya ejecutadas, calificándolas como ‘over night’”, explicó Toro.
A juicio de Nicole Nehme la propuesta en materia de control de fusiones es valiosa pues va en el sentido de terminar con la incertidumbre que existe en el mercado sobre cuándo hay que consultar o no una operación de concentración. “Además, establece un procedimiento un poco más eficiente y breve”. Tema que a juicio de Luis Eduardo Toro es clave, “el actual sistema es complejo, largo y excesivamente costoso (...) y permite que terceros utilicen estratégicamente el sistema, obstaculizando las operaciones de concentración, no contempla situaciones como las de empresas en crisis, que no pueden soportar un año de consulta y es necesario transparentar y alinear a todos los actores respecto de si las consultas son obligatorias o no y desde cual umbral”, advirtió.
Juan Cristóbal Gumucio, por su parte, discrepa en el mecanismo que plantea la comisión sobre un sistema de consultas mixto, es decir, que contempla la obligación de consultar sólo si sobrepasa determinados umbrales (los cuales no están determinados). “Eso en la práctica establece la obligatoriedad de la consulta y vemos que un sistema de este tipo es muy ineficiente (...), entonces es un despilfarro de recursos”. Advierte que sería mucho más adecuado un sistema voluntario, donde las partes hagan su evaluación del riesgo.
Sanciones y delación
Aunque los expertos señalan que puede llegar a ser prematuro incrementar el nivel de sanciones, valoran la propuesta de que las multas tengan relación con el nivel de ventas de la compañía que atenta o infringe la ley de libre competencia. “Esto tiene mucha relación con asemejarse al estándar internacional y por lo tanto puede ser interesante adoptarlo en Chile, lo mismo sucede con el nivel de inhabilidades que propone, el que también es consistente con el de otras regulaciones”, señala Nehme, quien además advierte que este incremento en las multas no necesariamente tiene relación con que la actual legislación tenga sanciones bajas, sino con una maduración natural de la institucionalidad.
En relación a la penalización de la colusión, los abogados tienen sus reparos. “No estoy de acuerdo, no sólo por la falta especialización y complejidad de temas, sino, por ser un desincentivo a la colaboración con la autoridad, en el entendido que se trata de dos procesos independientes, que no conversan entre sí”, explica Luis Eduardo Toro.
Juan Cristóbal Gumucio advierte que sería un retroceso llevarlo al ámbito penal. “Hoy con el sistema actual ya hay suficientes medidas y las empresas han tomado los resguardos para no coludirse”. Sobre la delación compensada, Gumucio señala que la recomendación de la Comisión es correcta. “Cualquiera sea el mecanismo que utilices, ya sea penar criminalmente o sanción administrativa, tienes que tener la tranquilidad como delator compensado que tu exención no va a ser sólo de la multa, sino de la pena de cárcel, porque si no te quedas cojo, y hoy como está no funciona bien y es evidente que hay que arreglar”.
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