Los cuestionamientos respecto del eventual conflicto de interés generado por la renuncia del consejero Rafael Guilisasti a la Corfo para incorporarse a las cascadas de SQM llegaron al Ejecutivo. Ayer, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, se refirió escuetamente a la partida del ex presidente de la CPC, tras participar en el comité de ministros económicos, asegurando que se trata de una situación que se está estudiando.
"Es una materia que se está evaluando y que la evaluó la propia Corfo", dijo el secretario de Estado, quien también preside el consejo de la corporación. Asimismo, sostuvo que "lo importante" en la disputa que existe entre la minera no metálica y la Corfo por el Salar de Atacama es transmitir a "todos los ciudadanos" que van a presentar "todos los argumentos necesarios para hacer valer los intereses del Estado chileno", dijo.
¿Cómo se ve?
La partida de Guilisasti de Corfo abre una ventana para reflexionar en torno a la norma que impide a los funcionarios públicos trabajar en empresas que hayan sido fiscalizadas, al menos por seis meses. ¿Será éste el caso?
Los consejeros no tienen la característica del funcionario público, dice el ex superintendente de Valores y Seguros, Alejandro Ferreiro, pues "son personas desde el mundo privado que incursionan como consejeros y que no tienen capacidad resolutiva".
No obstante, existe la posibilidad de que dichos integrantes cuenten con material relevante. Y en esa línea, Ferreiro es enfático, "si Rafael Guilisasti hubiese accedido a información estratégica reservada respecto del modo en que Corfo va a definir su estrategia en el litigio arbitral con SQM, no debiera asumir en esa función".
Pero el ex svs confía en el profesionalismo del ejecutivo. "Conociendo a Rafael y teniendo la confianza en su capacidad de evaluar conflictos intereses, estoy seguro que él no tuvo acceso a ninguna información que le pudiera ser útil ahora en su función de contraparte", comenta.
Un experto en gobiernos corporativos coincide con que el movimiento de Guilisasti no entra en el ámbito de los organismos públicos. Pero agrega que "si bien el tema no es ilegal, es muy poco estético porque la Corfo tiene conflicto con SQM. Es imprudente".
Hugo Caneo, director de estudios en el Centro de Gobierno Corporativo de la U. Chile, advierte que antes de afirmar si existe conflicto de interés, "hay que ver qué información manejaban los consejeros de Corfo".
Si Guilisasti contó con antecedentes reservados, podría abstenerse de resolver en la materia, como dicta la ley de Sociedades Anónimas. "No digo que sea aplicable al caso, pero sería análogo", comenta. Y agrega que el periodo de restricción para los funcionarios públicos es algo que se está evaluando en el proyecto de Comisión de Valores.
Alfredo Enrione, del ESE Business School de la U. de los Andes, dice que "todavía hay que avanzar mucho en regular las transiciones laborales entre el mundo público y privado. Pero siempre teniendo en cuenta no crear demasiadas barreras que impidan traer a los mejores al servicio público".
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