Luego de todos los cuestionamientos que se han desarrollado a raíz de la fusión entre Cuprum y Argentum, su controlador, Principal Financial Group, había preferido mantener un bajo perfil. Eso, hasta que se involucrara a la Contraloría General de la República en el proceso.
La compañía envío cuatro informes en derecho respecto de la situación a la entidad, el primero con fecha 24 de noviembre. Y respecto al pronunciamiento del 16 de diciembre de la Contraloría son muy categóricos: “Es ilegal, inconstitucional y contradictorio. Se hizo fuera del ámbito de su competencia y exhibe claras faltas de comprensión técnica”, señala Cristián Edwards, gerente corporativo de asuntos legales & chief compliance officer de Principal.
- ¿Por qué ustedes deciden enviar estos informes?
- El primero lo enviamos con fecha 24 de noviembre, sabiendo que se habían efectuado cuestionamientos ante la instancia y queríamos informar que se trababa de un tema técnico complejo. Por eso, nos hicimos parte.
- Pero acá no se estaba cuestionando a Principal, sino que al regulador. ¿Por qué entrar en la discusión?
- Si bien lo que están cuestionando es la actuación de la Superintendencia de Pensiones, es sobre resoluciones emitidas respecto de Cuprum, y en ese contexto claro que nos afecta. Desde una perspectiva fiduciaria teníamos que hacernos parte.
- ¿Cómo evalúa el pronunciamiento de la Contraloría?
- Es bien singular, porque en términos técnicos no es un dictamen y por ende no es vinculante para nadie, y además no compete a su rol. La Contraloría en el Estado de Derecho y régimen democrático tiene un rol muy importante, por lo tanto, cuando emite opiniones que no le corresponden se generan varios problemas.
-¿Cuáles son sus cuestionamientos?
- Primero, la Constitución lo prohíbe. Pero, más singular aún es que el mismo pronunciamiento hace presente una serie de prohibiciones legales. Por ejemplo, dice que no puede pronunciarse respecto de asuntos litigiosos o de materias que son de conocimiento de los tribunales, y al mismo tiempo señala que existe una querella criminal.
- Además de los informes ¿se han reunido con la Contraloría?
- Tenemos pendiente una solicitud de reunión con la subcontralora, que solicitamos a través de la ley de lobby. Confiamos en que nos recibirán así como han recibido a quienes hicieron el requerimiento, para que podamos hacer ver nuestro punto de vista. Porque, si bien este pronunciamiento no produce ningún efecto, la forma en que es leído a través de la opinión pública es distinta.
- ¿Por qué darle más relevancia a una opinión entonces?
- Es una opinión, pero una que no da lo mismo porque la emite la Contraloría General de la República. Eso es muy grave e inédito.
- ¿Qué le parece que el contralor se inhabilite del caso?
- Me parece absolutamente legítimo El criterio es bastante extrapolable al otro caso.
- ¿Esperan que esto se enmiende con el requerimiento que envió el regulador?
- Tenemos confianza en que eso ocurra.
- ¿Qué opinión tiene de que este pronunciamiento se haya hecho público el mismo día que se votaba al nuevo contralor?
- No puede ser, sobre todo tratándose de la Contraloría, el baluarte de la legalidad en Chile históricamente, que emita opiniones el mismo día, al menos parece imprudente.
- ¿Qué opina sobre el actuar de los parlamentarios?
No voy a cuestionar eso porque no me corresponde, yo soy un técnico.
- Es decir ¿usted puede entender que un político no conozca los criterios técnicos, pero no lo acepta de parte de la Contraloría?
- Exactamente.
- Pero ustedes hablan de una orquestación política. ¿Eso en contra de las AFP o por una pugna entre la ministra Rincón y la Superintendenta?
- Lo que uno observa en los pronunciamientos, es que hubo un cuestionamiento de parte de una ministra de Estado a la superintendenta, y eso desde el punto de vista técnico no resultaba procedente.
Por su parte, lo que puedan hacer o no los diputados también escapa a mi ámbito técnico, pero sí observo un mal uso de recursos públicos impresionante. Nosotros interpretamos que eso obedece a la falta de comprensión técnica y esperamos que así sea.
Beneficio de la operación
- La superintendenta sigue en su cargo ¿Es un signo positivo para usted?
- No me corresponde pronunciarme sobre eso. Sí, tengo la convicción de que la actuación de la Superintendencia fue absolutamente técnica, interpretó la ley conforme a las facultades que le otorga la Constitución y diseñó un camino absolutamente válido y legítimo. También tengo la convicción y certeza jurídica de que esto era conveniente para todo el mundo, no sólo para Principal.
- ¿Cree que hubiese habido el mismo proceso, la misma actuación con otro en el cargo de superintendente?
- Tengo la seguridad, si hubiese resuelto como organismo técnico de conformidad a la ley. Procesos de goodwill con la transparencia con la que hemos actuado nosotros, los desafío a que encuentren uno más transparente.
- ¿Que otros beneficios traía la operación?
- Desde la perspectiva de los accionistas era bueno que se generara el goodwill. No hay ninguna razón objetivo para decir que esto no era bueno para alguien, incluso al fisco. El solo hecho de que compraras la sociedad y te fusionaras le genera ingresos al fisco.
Desde la perspectiva del regulador, era bueno que el patrimonio de esta sociedad se incrementara tres a cuatro veces y que la información fuera más transparente.
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