La empresa Fundamenta –controlada por Pablo Medina y que tiene como socio minoritario a Andrés Echeverría- anunció que presentará un recurso de reclamación para intentar revivir el millonario proyecto inmobiliario que desarrollaba en Ñuñoa.
Esto, luego de que la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana -presidida por la nueva delegada presidencial, Constanza Martínez- confirmara calificar desfavorablemente la Declaración de Impacto Ambiental de la iniciativa, denominada Egaña-Comunidad Sustentable.
Pablo Medina, controlador de la inmobiliaria. Valentina Durán, directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental.
Foto: Julio Castro y Archivo
La determinación se dio mientras la compañía estaba a la espera de que la comisión notificara su decisión de rechazar la obra, lo que ocurrió el pasado 4 de abril, por nueve votos contra dos.
Fundamenta aspiraba a que la instancia revocara de oficio su resolución, como lo señaló el controlador de esta inmobiliaria, Pablo Medina.
No obstante, la entidad ratificó su decisión, tras lo cual se dio inicio al proceso de notificación a la compañía.
“Como titulares del proyecto, lamentamos profundamente la revocación del permiso ambiental obtenido de manera unánime el 3 de mayo de 2019”, dijo la empresa luego de que se publicara el dictamen de la comisión, fechado el 18 de abril, que apuntó a que la inmobiliaria no descartó la inexistencia de efectos que generará la obra en la pérdida de luz solar natural en los grupos humanos presentes dentro del área de influencia del proyecto.
La posición de la empresa
La firma inició hace tres años la construcción de cuatro torres: una para oficinas y las otras para 1.828 departamentos, además de un complejo comercial, en la esquina sur poniente de avenida Irarrázaval y Américo Vespucio. La empresa dice que lleva gastados US$ 100 millones del presupuesto total de US$ 300 millones.
“Esta situación inédita en nuestro país es un grave perjuicio contra la seguridad que necesita toda empresa para invertir, más todavía cuando el proyecto Egaña-Comunidad Sustentable cumplió con creces todas y cada una de las exigencias normativas”, sostuvo la empresa.
Según destacó el documento firmado por la delegada Martínez y por Arturo Farías, director (S) regional del Servicio de Evaluación Ambiental, la empresa tiene 30 días para presentar un recurso de reclamación ante el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, contados desde la notificación, y así intentar revivir la obra.
Y esta es, precisamente, la acción que seguirá la inmobiliaria. “Persistiremos haciendo uso de nuestro derecho de reclamación administrativa ante la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental”, anunció la firma.
A fines de marzo, el Presidente de la República, Gabriel Boric, designó en ese cargo a la abogada de la Universidad de Chile, con un Máster en Derecho Ambiental por la U. de París, Valentina Durán Medina.
No obstante, la empresa insistió en buscar una salida alternativa.
“Resulta urgente encontrar una rápida solución en consideración de que existe una significativa inversión que ya fue ejecutada, tras 33 meses de iniciadas las obras luego de la obtención de los permisos. Entre más tiempo sin una solución nos exponemos a perder todo lo avanzado, aumentando con ello las probabilidades de que la obra quede abandonada, lo cual no le conviene ni a Chile ni a la comuna”, dijo la inmobiliaria.
Y añadió: “Es por ello que seguimos abiertos al diálogo con las nuevas autoridades para poder lograr acuerdos que sirvan a la preservación del empleo, el derecho a la vivienda y la garantía de la certeza jurídica”.
A partir de lo decretado mediante una resolución fundada por la directora ejecutiva del SEA, la empresa podrá reclamar ante el Tribunal Ambiental.
Abogados de vecinos apuntan a
“daño profundo a la credibilidad del sistema”
Paula Elías, socia fundadora de Elías Abogados, y Jorge Cash, jefe del área de medio ambiente de dicho estudio, se refirieron por primera vez a las razones que tuvieron para asesorar a los vecinos de Ñuñoa en contra del emblemático proyecto.
Elías señaló: “Nuestros clientes son en su mayoría empresas inmobiliarias; sin embargo, una vez conocidas las falencias técnicas que adolece el proyecto, nos pareció razonable hacerlas presente al Tribunal Ambiental a través del respectivo recurso de reclamación, toda vez que, en nuestra opinión, el titular no logró descartar una serie de impactos adversos que afectarían de modo significativo y definitivo la calidad de vida de los vecinos de Ñuñoa. En esta materia, nuestro planteamiento central fue siempre el mismo. El proyecto debía ser evaluado a través de un Estudio de Impacto Ambiental y no una Declaración de Impacto Ambiental”.
Sobre el contenido de la resolución que calificó desfavorablemente el proyecto, la abogada dijo: “Sin perjuicio del fondo de la resolución, que compartimos en lo fundamental, hubiese sido deseable que las nuevas autoridades proporcionaran mayores elementos al momento de fundar su decisión”.
Por su parte, Jorge Cash señaló: “Es urgente la necesidad de introducir una reforma integral al SEIA que otorgue seguridad jurídica a la inversión. No es razonable que un gobierno piense A y otro gobierno piense B respecto del mismo proyecto. Eso constituye un daño profundo a la credibilidad del sistema”.
¿Quiénes son los aportantes del fondo detrás del proyecto inmobiliario en Plaza Egaña?
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