GasAtacama recibe fuerte multa por encarecer costos del sistema eléctrico

Transcurrido un año desde que el CDEC-SING, órgano que coordina el sistema eléctrico en el norte grande, inició una auditoría técnica a la operación de GasAtacama, que derivó en la apertura de un proceso sancionatorio por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), esta última entidad emitió ayer su sanción.

Según determinó, la generadora que hoy es propiedad de Endesa Chile -que hizo un ajuste societario para ligarla a su filial Celta-, entregó “información incorrecta en cuanto a sus mínimos técnicos y tiempos mínimos de operación, lo que redundó en el encarecimiento del costo final de la electricidad del Sistema Interconectado del Norte Grande”.

El ministro de Energía, Máximo Pacheco, indicó que “la fiscalización de la SEC ha concluido en una multa histórica en el mercado de los clientes libres en el SING”.

El superintendente de la SEC, Luis Ávila, sostuvo que “hemos aplicado la máxima multa que la ley nos permite, ya que los hechos investigados, afectaron significativamente el costo del sistema eléctrico del norte grande, así como, la necesaria transparencia en la entrega de la información por parte de los actores del mercado, asunto clave al momento de coordinar el sistema eléctrico, y que evidentemente, no podemos aceptar”.

En la resolución exenta 014606, se establece una multa por 120.000 UTM, equivalente a cerca de US$ 8,3 millones.

A su vez, la compañía informó que está evaluando sus opciones.

“Estamos analizando la resolución y dentro de los plazos legales informaremos las acciones a seguir”, dijeron en Endesa Chile.

En el documento se explica que en caso de que la eléctrica quiera impugnar la sanción puede presentar un recurso de reposición dentro de los próximos cinco días hábiles o, en diez días hábiles, reclamar a la Corte de Apelaciones por ilegalidad.

Costos

El caso se remonta a agosto de 2015, cuando el CDEC- SING inició una auditoría técnica respecto de dos indicadores de la central: el mínimo técnico y el tiempo mínimo de operación.

Según la resolución conocida ayer, hay dos estimaciones del efecto que podría haber tenido la conducta de GasAtacama que, en términos simples, impidió operar con una generación más económica.

Entre 2011 y 2015, en un escenario con alta presencia de carbón, se estimaron efectos por US$ 233,6 millones, mientras que en uno con baja presencia de ese combustible, el efecto sube a US$ 261,5 millones.

Dentro de la argumentación que entregó la compañía en el proceso, se cuestionó la auditoría, en temas como que la norma técnica que se está aplicando no existió hasta el 31 de julio de 2014, alegando cierta retroactividad en los alegatos.

Además, se dijo que cada generadora informa en función del resguardo de sus unidades generadoras.

En su resolución, la SEC dice que no hay una aplicación retroactiva de la norma. “Fue justamente ante la falta de información y justificación de los valores informados por la empresa, que se llevó a cabo la auditoría que no hizo otra cosa más que evidenciar la falta de sustento de los datos proporcionados por la inculpada al organismo coordinador del sistema, y por lo mismo, no se trata de la aplicación retroactiva de una determinada normativa, sino de la comprobación empírica de la entrega de datos erróneos al CDEC-SING que, a fin de cuentas, (...) influyeron en que no se pudo garantizar la operación más económica”.

 Se definiría jUNTA POR FUSIÓN

Una definición importante podrían tomar hoy los directorios de las sociedades Américas de Enersis, Endesa y Chilectra en el marco de la reorganización que está impulsando Enel.

Esto porque las mesas podrían citar hoy a la junta de accionistas donde se votarán la fusión de estas tres firmas, lo que tomando en cuenta el plazo previo de 45 días que estipula la ley, debería ser no antes del 29 de septiembre.

Además, debería conocerse qué estados financieros se usarán por parte de la sociedad para hacer las proformas bajo las cuales se debe analizar el proceso. Esto, luego que hace unas semanas la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) no autorizó a las sociedades para extender en 30 días, de 90 a 120, la vigencia de la información financiera bajo la cual debe analizarse el proceso.