Hace exactamente dos semanas, el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Jorge Trujillo, llegó hasta las dependencias del Senado para entregar su justificación respecto de la polémica resolución número 69 emitida a principios de mes por la entidad, que –en sencillo– abrió la puerta para que operadores de servicios de casas de apuestas y casinos online sin domicilio en Chile paguen el denominado IVA Digital.
Este martes, fue el turno de la presidenta de la Asociación de Casinos, Cecilia Valdés, quien realizó una intervención en el tema en la Comisión de Economía del Senado. En ella, la representante apuntó a que hoy existen cerca de 3.000 plataformas online de este tipo operando –que “sin problema podrían ser más”– y que la vía administrativa escogida por el SII modifica de facto las bases históricas sobre las que se construyó el régimen jurídico de los juegos de azar en Chile.
A su juicio, reiteró que hoy la discusión no puede solamente centrarse en lo impositivo, pues se trata de un sistema mucho más completo que debe estar protegido.
Además, aseguró que bajo esta vía no se alcanzan los objetivos que requiere una ley (hoy en segundo trámite constitucional en el Senado), que es establecer “bajo qué condiciones se va a operar, quién quiero que opere, con qué obligaciones se va a operar y específicamente cuál va a ser la autoridad que va a fiscalizar en esos distintos temas”.
Por eso, insistió, “es muy importante primero tener una ley y después ver cómo se recauda”.
Entre los riesgos detectados producto de la circular, Valdés mencionó la indefensión de los consumidores, quienes podrían estar expuestos a fraudes y estafas, pero no podrán reclamar sus derechos ni ante la Superintendencia ni el Sernac; un posible atentado contra el sistema de prevención y protección de la ludopatía y el juego infantil; y “un alto riesgo de lavado de activos y corrupción al no reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)”.
Sobre este último punto, adelantó que como asociación realizaron una consulta a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre si, con la resolución en marcha, estas plataformas deberían actuar como sujetos obligados (como lo son hoy los casinos de juegos físicos, por ejemplo) y cumplir con una serie de estándares, requisitos y, además, reportar a la entidad (diariamente) para prevenir eventuales casos de lavado de activos.
El lunes, aseguró, la UAF respondió a su carta, en la que señalaron que las plataformas no son “sujetos obligados”, pues estos “se definen por ley, y no se definen vía administrativa”, explicó Valdés. Por lo tanto, afirmó que “aquí se genera una alerta grave”.
“Esta es una actividad reconocida no por nosotros, sino por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que las plataformas de juego en línea son un vehículo especialmente idóneo para el lavado de activos, (pues) permiten introducir dinero ilícito bajo apariencias de depósito de apuesta, circular fondos, retirarlos como ganancias y devolverlos como saldos”, detalló.
“Yo no quiero decir que todas sean así, pero sí GAFI pone esta alerta de que las plataformas en línea son idóneas para esto y nosotros las estamos permitiendo dentro del sistema nacional e incluso la Unidad de Análisis Financiero, que es la encargada de perseguirlo y de velar por esto dice que no tiene competencia y que estos sujetos no van a ser obligados a denunciar actividades sospechosas.Yo creo que aquí estamos frente a uno de los principales riesgos (...) En un país en donde la seguridad es prioridad, el Estado no puede enviar señales ambiguas frente a estas actividades ilícitas”, alertó Valdés.
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Catalina Vicuña
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