Este lunes 11 de marzo, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en contra de tres terminales portuarios de Valparaíso y San Antonio. Se trata del Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS), San Antonio Terminal Internacional (STI) y DP World San Antonio (DPW).
La FNE sostiene que estas empresas abusaron de su posición dominante, realizando un cobro injustificado a importadores y exportadores por una tarifa de seguridad en el servicio de transferencia de carga, que empezó a implementarse en 2019, en el caso de TPS; en 2020, por STI; y en 2021, por DPW.
El ente persecutor pidió al TDLC ordenar el cese de este cobro y aplicar multas por un total de unos US$ 21,7 millones (26,897 UTA). De este monto, US$ 8,7 millones corresponden a TPS; US$ 8,9 millones a STI; y US$ 4 millones a DPW.
"Los comportamientos anticompetitivos de estas empresas les han permitido extraer rentas de un modo injustificado, más allá de las que hubiesen obtenido bajo condiciones de competencia, debido al carácter cautivo que tienen los importadores y exportadores respecto del terminal portuario que las empresas navieras eligen para la recalada de sus naves", dijo la FNE en un comunicado.
La Fiscalía agregó que, además, los importadores y exportadores afectados carecen de la capacidad, o bien tienen "serias dificultades", para determinar el frente de atraque por el cual movilizar la carga, por los altos costos que ello implicaría.
Además, sostuvo que los cobros eran injustificados, puesto que los afectados no mantenían vínculos comerciales con los terminales portuarios, a diferencia de las navieras, por lo que esas tarifas no tienen un respaldo en gastos o inversiones extraordinarias.
“Estamos frente a un claro ejemplo de abusos de posición dominante, en el cual los terminales portuarios requeridos están ejerciendo de manera abusiva la posición de dominio que tienen ante los importadores y exportadores, cobrándoles injustificadamente una tarifa básica por concepto de seguridad en la transferencia de carga de las mercancías que se movilizan a través de los terminales que operan”, sostuvo el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg.
Añadió que los importadores y exportadores están cautivos y que casi la totalidad de quienes movilizan su carga en la Región de Valparaíso fueron afectados por los abusos, ya que las tres compañías requeridas concentran niveles cercanos al 100% de la industria en el caso de la carga en contenedores.
“Para la FNE es fundamental que los abusos de posición dominante sean sancionados y este caso es de la máxima gravedad, porque los abusos han sido cometidos por concesionarios de una infraestructura de capital importancia para nuestra economía y porque los cobros injustificados no son tolerables en ningún mercado”, dijo Grunberg.
Desde STI indicaron que respetan las normas de libre competencia, por lo que aseguran que el security fee no ha excedido la tarifa máxima dentro de lo establecido en su contrato de concesión.
"El requerimiento de la Fiscalía supone un cambio de opinión, pues ya se había estudiado el caso de TPS y descartado inconvenientes. En base a este antecedente, la EPSA validó la tarifa para STI", sostuvo en un comunicado.
"Esta nueva posición afecta a todo el sistema portuario y su funcionamiento, y desincentiva las necesarias inversiones en materia de seguridad que requiere el comercio exterior, que por lo demás son exigidas por otros entes del Estado", añadió.
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