En Europa y EEUU las demandas contra las grandes tecnológicas como Google o Facebook comenzaron a cosechar sus primeros resultados, pero en Latinoamérica y en Chile es un debate aún en ciernes.
Hace dos semanas, Copesa -uno de los principales conglomerados de medios nacionales- interpuso la primera demanda formal en el país, y a nivel de la región, para poner sobre la mesa lo que, a su juicio, constituyen prácticas de abuso de posición monopólica en el mercado del avisaje digital.
Y esta acción legal no se gestó precisamente en el consorcio ubicado en Av. Apoquindo 4660, sino que en un grupo de expertos liderados por Ximena Rojas, socia del estudio Rojas Pacini, quien tocó las puertas de la compañía ligada al empresario Álvaro Saieh y los convenció de la importancia de llevar el tema al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
“Estas grandes plataformas proveen muchos servicios muy buenos para la sociedad, pero también el problema es que no sabemos el precio de lo que pagamos. Hay que ponerle el cascabel al gato”, apuntó.
La demanda –oficialmente interpuesta el 7 de marzo pasado,y dirigida contra Google y su matriz Alphabet, representadas por su director ejecutivo, Sundar Pichai- tiene por objeto solicitar que el TDLC establezca que esa firma “ha infringido el Decreto Ley N°211, al abusar de su posición cuasi monopólica en los mercados de búsquedas y de publicidad asociada a las búsquedas, ejecutando prácticas anticompetitivas explotativas, exclusorias y de competencia desleal en los mercados de publicación de diarios/noticias en línea y prácticas anticompetitivas explotativas, exclusorias y de competencia desleal en los mercados de tecnología de publicidad”. Por ello, solicitaron una multa a beneficio fiscal de 720 mil Unidades Tributarias Mensuales, unos $ 46.650 millones.
-¿Cómo se gestó la demanda contra Google?
-Somos un equipo multidisciplinario, pero con un fuerte componente tecnológico. Está compuesto por Fernando Araya, Counsel del estudio, Michael Jacobs, director de litigación internacional de competencia de CFM Lawyers LLP, y por un grupo de economistas y expertos de la industria norteamericanos.
Hay un debate mundial que en Chile no se estaba discutiendo y creemos que Copesa es muy visionario al entrar mediante esta demanda. El desafío de nuestro equipo fue cómo calzar las piezas para entender y estructurar una acción legal que aplicara en nuestro país.
-¿Qué juicios internacionales están siguiendo y qué impacto podrían tener en Chile?
-La primera demanda contra Google fue en Francia en 2019, la cual tuvo mucha repercusión. Luego, se sumó Estados Unidos donde estallaron muchos casos como, por ejemplo, el que impulsó Texas y que se sumaron otros 19 estados, además de otros dos que están siendo tramitados en paralelo en el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por su sigla en inglés). Todo lo que está pasando afuera es un espejo en mayor o menor medida de lo que acá podría ocurrir con las plataformas tecnológicas. Justo en la semana en que presentamos la demanda, en Europa se designaron los gatekeepers o guardianes de acceso, que son las obligaciones que se imponen a tecnológicas como Apple, Google o Microsoft sobre sus negocios. Yo creo que este es un camino que en Chile tenemos que recorrer. Sobre todo, ahora que la inteligencia artificial (IA) abre millones de aristas que serán inabarcables. Este es un problema que no sólo le pega a una industria, sino que es transversal porque se transa con nuestros datos como consumidores. Nada de lo que hacemos es gratis en internet.
-¿Cree que esta demanda logrará aterrizar esos temas en el país?
-Tenemos que comenzar a discutir sobre el elefante en la pieza. Estas grandes plataformas proveen muchos servicios muy buenos para la sociedad, pero también el problema es que no sabemos el precio de lo que pagamos. Y no se trata de dinero, sino del valor.
Hay que ponerle el cascabel al gato, no puede ser que gigantes como Google tengan tanto poder sin regulación. Estas compañías son más grandes que países, su poder es realmente impresionante porque pueden controlar muchos aspectos de nuestra vida diaria. Esta demanda puede ser un primer paso para que en Chile nos demos cuenta de la importancia de regularlos.
-¿La autoridad local ha sido muy lenta en abordar este tema?
-Sí, pero es un tema complejo. No puede ser visto sólo desde la Fiscalía Nacional Económica (FNE), organismo que requiere más presupuesto para poder ampliar su abanico. Este tema es multidisciplinario, se requiere de un grupo de expertos transversal que pueda analizar la experiencia comparada que está comenzando a salir. Nuestra legislación de competencia claramente está basada en el modelo europeo, con tintes americanos. Y con ambos tenemos acuerdos para intercambiar información.
-¿Qué medidas pueden ser aplicadas en el caso chileno?
-Todo dependerá del debate que se genere en Chile. Sin embargo, si analizamos las resoluciones que se están aplicando afuera en Europa, por ejemplo, se pidió la disintegración de Adtech de Google, porque es un mercado que concentra todo el ecosistema de avisaje. Es un proveedor que está integrado al servicio; entonces, podría manejar los precios. Desde el Gobierno se debe armar un equipo con las empresas privadas para ver cómo nos hacemos cargo y dar el primer paso. Hay técnicas regulatorias que se pueden aplicar como las Sandboxes, una herramienta que permite hacer pruebas regulatorias como estrategia para lidiar con los riesgos de fallas. Ahora, no creo que debe ser iniciativa del Congreso, porque puede entramparse y se requiere con urgencia.
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