La Justicia resolvió hoy intervenir
Aerolíneas Argentinas, controlada por el grupo español Marsans, a
solicitud del Gobierno de Cristina Fernández para "garantizar el
normal funcionamiento" de la compañía, según el secretario de
Transportes, Ricardo Jaime.
Jaime, que se presentó hoy en la sede corporativa de la línea
aérea, en Buenos Aires, para notificar de la medida judicial a la
empresa, explicó que la intervención judicial fue adoptada a pedido
de la Secretaría de Transportes.
Según el ministro argentino, la medida se decidió para garantizar
"el normal funcionamiento" y la capitalización de la aerolínea y
después de la reunión del directorio de Marsans del pasado martes,
en la que el grupo quiso nombrar gerente adjunto a uno de sus
directivos, Jorge Molina, con las mismas capacidades que el gerente
general, Julio Alak.
Ayer Marsans acusó a Argentina de desestabilizar su operación. Más
específicamente, en una carta a la presidenta, Cristina Fernández de
Kirchner, la empresa denunció que dice que se favoreció a la
competencia y se alentaron huelgas.
En tanto, hoy el grupo español dio un ultimátum al Gobierno para
acordar en el plazo de una semana una solución "amistosa y confiable"
de acudir a un tribunal internacional.
Según el ministro argentino, la medida se decidió para garantizar
"el normal funcionamiento" y la capitalización de la aerolínea y
después de la reunión del directorio de Marsans del pasado martes,
en la que el grupo quiso nombrar gerente adjunto a uno de sus
directivos, Jorge Molina, con las mismas capacidades que el gerente
general, Julio Alak.
Jaime explicó que, tras la intervención, Alak se mantiene como
gerente general y se ha designado al funcionario de la Secretaría de
Transportes José Luis Perrone como veedor para observar por el
correcto funcionamiento de la empresa.
Fuentes de la Secretaría de Transportes apuntaron que en los
próximos días el Gobierno dará pasos para impulsar la capitalización
de la firma, por considerar que con las cantidades aportadas hasta
ahora -unos 222 millones de dólares- puede distribuir las acciones y
hacerse con el control de la aerolínea sin llegar a expropiarla.
La decisión judicial se conoce horas después de que el grupo
español enviara una carta a la presidenta argentina, Cristina
Fernández.
En dicha misiva, advertía de que si no se llegaba a un acuerdo
"amistoso" en el plazo de una semana por la controversia en torno a
Aerolíneas, demandaría al Estado ante el Centro Internacional de
Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI), tribunal dependiente
del Banco Mundial.
Marsans tomó la decisión luego de que una comisión parlamentaria
recomendara el martes pasado a las cámaras del Legislativo debatir
una ley para expropiar Aerolíneas y su subsidiaria Austral, en
vistas al fracaso de las negociaciones para que el traspaso de esas
firmas al Estado argentino se hiciera mediante una compraventa.
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