A través de un comunicado, Codelco informó este domingo su decisión de retirar el recurso de amparo económico que había presentado en contra de la Contraloría General de la República, debido a las últimas resoluciones que había tomado la entidad fiscalizadora respecto de aspectos de la gestión de la minera estatal.
Codelco había impugnado la exigencia del organismo liderado por Dorothy Pérez de dictar actos administrativos en relación a la “constitución, participación, modificación, retiro y extinción” de personas jurídicas. En su oficio, la Contraloría fijaba los requisitos y condiciones para el otorgamiento de un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) en favor de Minera Ascotán, una coligada de Codelco. Entre sus observaciones, el ente contralor sostuvo que la estatal no había sometido a toma de razón previa la constitución de dicha sociedad.
Tras la arremetida judicial de Codelco, la contraloría anunció este jueves un cambio de fondo en la manera en que el Estado fiscaliza los negocios de sus empresas cupríferas y publicó en el Diario Oficial la Resolución N° 14, del 3 de julio de 2026, que crea controles de reemplazo para las operaciones societarias que desarrollen las compañías públicas o estatales productoras de cobre, es decir, Codelco, pero también Enami.
La normativa apunta, en particular, a las actuaciones vinculadas a la creación de filiales, asociaciones, fusiones, absorciones u otros acuerdos societarios con otras compañías, un terreno donde la velocidad de ejecución suele ser determinante para el cierre de las transacciones.
“En consideración a la publicación en el Diario Oficial del 9 de julio de 2026 de la Resolución 14/2026 de la Contraloría General de la República que modifica la Resolución 36/2026 del mismo organismo, el directorio de Codelco ha tomado la decisión de desistirse del recurso de amparo económico interpuesto por Codelco con fecha 18 de junio ante la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago”, señaló el comunicado de la minera estatal difundido hoy.
En el documento, Codelco reafirma su pleno respeto por las atribuciones de la Contraloría y señala que “continuará colaborando en todos los procesos de fiscalización que realice en el ámbito de su competencia, en línea con el compromiso con la transparencia, el fortalecimiento de su gobierno corporativo y el cumplimiento del marco normativo vigente”.