Una cartera de inversiones “ya jugada” por más de US$ 7.700 millones es la que se espera que se materialice en 2025 en el sector minero del país. Y aunque es difícil que las iniciativas consideradas en ese monto no se realicen, existen escollos que sí podrían retrasarlas.
Según el último informe de Cochilco con proyecciones para la próxima década, en 2025 se concretarán US$ 6.248 millones en proyectos de cobre en ejecución. Se denominan “base”, porque son los que mayor certeza tienen: ya cuentan con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada y solo esperan su puesta en marcha el próximo año.
Se suman a ellos US$ 1.472 millones con condición “probable” de materialización: aún no se ejecutan y su ingeniería está en fase de factibilidad. Cuentan con RCA aprobada y están en una etapa crucial de decisión de inversión.
A esta danza de millones se suman otros US$ 2.210 millones que corresponden a iniciativas “posibles”, es decir, están en fase de factibilidad, prefactibilidad o suspendidos. Pueden tener un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en trámite o pendiente. US$ 23 millones se consideran de proyectos “potenciales”, los con mayor grado de incertidumbre de ejecución.
Así, entre “base” y “probable” en 2025 se materializarían US$ 7.720 millones en proyectos de cobre: US$ 4.036 millones vendrían de la minería estatal y US$ 3.684 millones de la privada.
El total de inversiones a concretar en el año, entre cobre y otros minerales, y sumando todas las condiciones, alcanza los US$ 10.547 millones, según Cochilco.
Por su parte, desde Plusmining tienen una expectativa de materialización de inversión de US$ 12.100 para el nuevo año. Y los principales proyectos son de Antofagasta Minerals, Collahuasi, Codelco, Minera HMC, SQM, Candelaria y Aclara junto a CAP. Cabe destacar que Codelco contempla una inversión de US$ 5.200 anuales durante la próxima década.
“Proyectos ya jugados”
Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), comentó para esta nota que las estimaciones del gremio alcanzan los US$ 7.278 millones en materialización de proyectos, la mayoría de ellos brownfield.
“Es una cartera US$ 2 mil millones adicionales a 2024, lo que quiere decir que ha habido un cierto dinamismo en los proyectos por materializar”, dijo.
Y si bien sostuvo que el grueso “son proyectos ya jugados que es difìcil que no se realicen, pueden existir atrasos, ya sea por algún permiso que quede pendiente o por la falta de capacidad de las constructoras o empresas de montaje”.
Respecto al último punto, marcó que “no estamos con un nivel alto en cantidad de proyectos como otros años, así que creemos que las compañías de ingeniería van a estar bien. Yo diría que no debería haber mayores tropiezos en esta materialización”.
Permisos, el gran escollo
La “permisología” sigue siendo la principal preocupación de cara a la concreción de las inversiones, pese a que los proyectos para 2025 llevan hasta cinco años en tramitaciones ambientales. “Varios ya están ejecutándose, pero puede pasar que a último minuto falla un permiso o se demora más y eso frena la materialización total de la inversión”, explicó Riesco.
Para Germán Millán, socio de consultoría líder de recursos naturales de PwC Chile, “el mayor escollo para concretar las inversiones del sector radica en una combinación de desafíos sociales y regulatorios”.
Por un lado, el relacionamiento con las comunidades, y por otro, “las exigencias ambientales y largos tiempos asociados a la obtención de permisos que generan aumentos de costos e incertidumbre para los inversionistas”, aseveró.
Según la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, un proyecto minero de alta complejidad puede requerir hasta 108 meses de tramitación y existen 71 entidades responsables de entregar 309 permisos para que una iniciativa se transforme en inversión, donde 63 de ellos pueden paralizar el proceso.
Una DIA puede costar hasta UF 9.000 ($ 345 millones) y un EIA entre UF 11.000-25.000 (entre $ 422 y casi $ 1.000 millones).
El director ejecutivo de Núcleo Minero, Álvaro Merino, expresó que es “urgente perfeccionar nuestra institucionalidad, es crucial disminuir los tiempos de permisos y entregar mayores grados de certeza”.
Y propuso la creación de mecanismos de estabilidad jurídica, como el Estatuto de Inversión Extranjera derogado en 2015, para “considerar la invariabilidad tributaria a la renta” y fomentar la inversión.
El coCEO de Vantaz Group, Juan Cariamo, dijo que el mayor escollo son variables de competitividad global, que afectan los mercados financieros y que pudieran complicar que lleguen los grandes capitales que se requieren para los proyectos. “El otro segundo escollo que visualizo es la ejecución”, dado que “los nuevos proyectos necesitan contar con buenas ingenierías, con buenos servicios y buena calidad en la construcción”, acotó.
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