La ausencia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y de representantes de esa cartera a la sesión de ayer lunes de la Comisión de Salud del Senado para abordar el proyecto de ley corta de isapres, la deuda de hospitales y Fonasa con las clínicas, y la implicancias del fin de la alerta sanitaria en la dotación de la red pública, motivaron un duro emplazamiento de los parlamentarios que integran esa instancia.
“Enviaremos una nota formal de protesta al presidente Boric y a la ministra Carolina Tohá, señalando que el ministro de Hacienda no se ha relacionado bien con el Senado al no dar una explicación plausible, pudiendo haber enviado a la titular de la Dipres o al subsecretario para haber dado la cara. Y también se enviará a todos los gremios del sector, que hoy esperan respuestas, ya que me parece legítimo que sepan qué pasó”, señaló el presidente de la Comisión, senador Juan Luis Castro (PS), al justificar el reclamo que contó con un respaldo unánime de sus pares.
Enfatizó que “el gran ausente en esta conversación es la autoridad económica, lo que es muy lamentable y marca una forma de relacionarse equivocada para lo que todos queremos, que es el entendimiento”, añadió Castro.
Junto con cuestionar el nivel de las obligaciones pendientes del Estado con el sistema privado, puso como plazo el próximo mes para que Hacienda entregue un balance a fondo antes de la discusión de la ley de presupuesto 2024.
“Hoy existe una deuda multimillonaria -que viene en parte de la pandemia y luego de ella en cuanto a listas de espera, ley de urgencia y muchas otras prestaciones- que el Estado debe a las clínicas que atienden a más de cinco millones de chilenos que son de Fonasa. Por eso, hemos dado un plazo a la autoridad para cuadrar realmente las cifras antes de que ingrese la Ley de Presupuesto el 30 de septiembre, porque no es aceptable que no se concilien cifras escandalosas en cuanto a deudas que deben saldarse. No puede ser que la gente deba pagar el costo de las deudas entre quienes pagan por un servicio del Estado a un privado que brinda dicho servicio”, enfatizó Castro.
En la oportunidad, el presidente de Clínicas de Chile, Gonzalo Grebe, reiteró que las obligaciones del sector público con los prestadores privados asciende a $ 382 mil millones, de los cuales $ 203 mil millones corresponden a servicios de salud y $ 147 mil millones a Fonasa, más deuda pública no exigible por $ 32 mil millones.
Y enfatizó que el plan propuesto por la Dipres en orden a pagar un 40% de la deuda de los servicios de salud a marzo de 2024 y el resto en el transcurso del actual Gobierno “resulta inaceptable para los prestadores privados, por cuanto se trata de recursos adeudados por prestaciones ya realizadas”, y no considera mecanismos de reajustabilidad, pese a que en su mayor parte data de hace dos y tres años.
Fin de alerta sanitaria
El otro frente de emplazamientos a Hacienda fue la provisión de recursos al Ministerio de Salud para hacer frente al fin del estado de alerta sanitaria por Covid-19 este 31 de agosto, medida que permitió la contratación de personal de manera extraordinaria a nivel de la red pública para hacer frente a la emergencia.
Ayer lunes, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, detalló que en el universo de funcionarios contratados bajo ese régimen suma 12.417 personas, y que una vez que cese el decreto de alerta la autoridad reducirá ese planta a la mitad. Para mantener a 6.070 funcionarios -centrados en manejo de camas complejas, laboratorio y urgencias hospitalarias- explicó que se están en conversaciones con Hacienda para “solicitar una reasignación de $ 50 mil millones para permanecer con esas personas hasta diciembre, cargos que también hemos pedido para el Presupuesto 2024”.
“A tres días del fin de la alerta sanitaria, hoy sabemos que esto significa que 6.800 funcionarios de la salud deberán abandonar su puesto de trabajo. ¿Acaso la salud está tan bien que nos podemos deshacer de 6.800 personas de aquí a diciembre? (...) Quiero entender el impacto negativo que esto va a tener, porque va a salir la mitad. Yo quiero saber cuál es la voluntad del Ministerio de Salud, independiente de Hacienda, de cuántos trabajadores quieren mantener, porque eso trae efectos sanitarios ya que estos funcionarios ya no atienden solo Covid-19”, manifestó al respecto el senador Castro.
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