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REGÍSTRATE AQUÍGremios de comerciantes locales advierten que carga tributaria sobre empresarios desincentiva la inversión y gobierno promete reforma este año.
Por: Ainhoa Murga
Publicado: Lunes 22 de febrero de 2016 a las 04:00 hrs.
El año pasado fue complicado para Colombia y los pronósticos para 2016 no son mejores. La caída de los ingresos por el desplome del precio del petróleo, el impacto causado por el fenómeno de El Niño, la desaceleración de China y un dólar al alza que ha llevado a que el peso colombiano sea una de las monedas más golpeadas, dibujan un panorama complejo, apuntan los expertos.
La necesidad de controlar la inflación, que en 2015 llegó a un máximo de siete años (6,77%), llevó a que el banco central elevara el viernes su tasa de referencia por sexta ocasión consecutiva. Tras el íncremento de 25 puntos base, los tipos se ubican ahora en 6,25%, las más altas de la región después de Brasil.
En cuanto al crecimiento, hablar de una tasa menor a 3% era casi tabú hasta hace poco pero, a semanas de conocer el dato oficial, se estima que el PIB avanzó 2,9% en 2015 y el FMI proyecta un 2,7% para este año.
Cae la confianza privada
Estos cambios del escenario macroeconómico pesan ya sobre el ánimo del sector privado en Colombia y los actores, tanto locales como extranjeros, están replantéandose sus posiciones para salir lo mejor parados de un año en que, como advierten las voces externas, será difícil crecer a nivel global.
Los directivos de las 200 empresas con mayores ingresos por ventas de Colombia esperan que la inflación supere el 6% este año y que el dólar se estabilice en 3.300 pesos para fines de año, según un estudio de Invamer Gallup para el diario La República.
La pérdida de confianza en la solidez de la economía junto con las dificultades de entrada que ofrece el mercado, ha provocando que algunas empresas extranjeras abandonen sus operaciones en el país. La última ha sido Ripley, que la semana pasada anunció que cerrará sus 90 tiendas en el país en forma escalonada en los próximos tres meses. Dos años antes fue otro retailer chileno, La Polar; hace un año el grupo de alimentación estadounidense Mondelez cerró su sede en Cali; y, hace un mes, la generadora Colbún optó por retirarse del proceso de licitación por la propiedad de la colombiana Isagen.
Las empresas acusan que, pese al esfuerzo e inversión, los resultados no son los esperados. Los gremios de comerciantes locales subrayan que, además de los factores macroeconómicos, la carga tributaria que pesa sobre los empresarios desincentiva la inversión. “Colombia tiene que identificar esas áreas en que puede eliminar regulaciones que hacen muy difícil el trabajo de los empresarios y limitan la generación de empleos”, explicó a Dinero Guillermo Botero, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes.
El 47% de los empresarios encuestados por Invamer Gallup coinciden en que la disciplina fiscal es prioritaria para mejorar el clima de inversión del país. El principal problema que debe resolver el gobierno de Juan Manuel Santos para que mejore la actividad empresarial es la política económica (49%), en concreto los elevados impuestos, apunta el sondeo.
Reforma fiscal necesaria
Las dificultades fiscales y el llamado a un cambio por parte de los empresarios han llevado al presidente a asegurar que la “requerida” reforma fiscal llegará al Congreso este año, aunque no en marzo como se preveía.
Santos, inmerso en la negociación del acuerdo de paz con el grupo guerrillero Farc, afirmó que el proyecto llegará en el segundo semestre, tras recoger la opinión de diversos grupos, entre ellos el BID y el Fondo Monetario Internacional.
El mandatario indicó que buscan aumentar la recaudación, reducir la evasión y lograr un sistema fácil de interpretar y pagar, así como reestructurar los impuestos con el objetivo de fomentar la inversión y el crecimiento.

Economistas y abogados revisaron los planteamientos. Hay varias materias que generan apoyo, pero piden más detalle sobre su alcance. Con todo, en ambos programas hay temas que generan preocupación.
La compañía había demandado al organismo público -que depende del ministerio encabezado por Carlos Montes- por no pagarle un paño que le compró para el desarrollo de un proyecto habitacional.
Apuntaron que el informe que realizó la firma “construyó una imagen económica distorsionada y artificialmente depreciada”. Econsult Capital aseguró que "la querella presentada carece de todo fundamento".
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