Para mañana quedó fijada la sesión en que una comisión especial del Senado brasileño evaluará someter a la presidenta del país, Dilma Rousseff, a un juicio político.
Ayer, el relator de la instancia, Antonio Anastasia (del PSDB, opositor al gobierno) presentó un informe en el que recomienda seguir adelante con el proceso de impeachment. Si el documento es aprobado por la comisión, el proceso pasará al pleno, donde se requiere el apoyo de 41 de los 81 miembros para suspender a Rousseff de sus funciones por 180 días, mientras se realiza el juicio.
Según Anastasia, hay antecedentes para “demostrar el mal uso de recursos en favor de intereses políticos y partidarios, en la medida en que, en el contexto electoral, se retuviera información a la sociedad brasileña”.
El parlamentario señaló, además, que “a partir del examen de esas operaciones, no es razonable suponer que la Presidenta de la República no sabía que una deuda de 50 mil millones de reales de los bancos públicos flotaba en la atmósfera fiscal de la Unión, incluso cuando ese endeudamiento fue utilizado para financiar políticas públicas prioritarias”.
El documento de 126 páginas, además, buscó contrarrestar las críticas de Rousseff y su partido, el PT, al proceso, que habían definido como ‘un golpe de Estado’. “El impeachment debe ser considerado como una de las mayores expresiones de la democracia”, afirmó Anastasia en su informe, añadiendo que “no hay evidencia que demuestre que los hechos narrados no constituyen un crimen de responsabilidad (...) Las hipótesis de crimen presentadas por la denuncia incluyen indicios de materialidad y autoría suficientes para admitir a trámite la acusación”.
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