La tensión social en Venezuela continuó ayer escalando a nuevos máximos. Los militares han sido movilizados a las zonas más agitadas del país con la orden de reprimir las continuas protestas que se vienen registrando ante la escasez de alimentos y medicinas, el aumento de la inseguridad y los cortes en el servicio de agua, pero que se han ampliado ahora tras el nuevo plan de racionamiento eléctrico.
Alrededor de 1.800 efectivos fueron enviados a Maracaibo, la segunda ciudad más importante del país, para garantizar el orden público. Hasta ayer, más de 120 personas habían sido detenidas tras la solicitud del presidente Nicolás Maduro de aplicarle todo el peso de la ley a los manifestantes.
El economista venezolano Orlando Ochoa advierte sin embargo, que para los militares resulta cada vez más complejo actuar contra una población que reclama por los mismos problemas que los afectan a ellos. “Cada día es más difícil encontrar alimentos, la inflación alcanza los tres dígitos y la inseguridad les afecta”, dijo. En lo que va de año, sólo en Caracas, han muerto 46 uniformados.
Prueba de ellos es que las redes sociales han comenzado a dar cuenta de un creciente número de efectivos castrenses y de la principal fuerza de seguridad del país que se están presentando con sus uniformes a participar en la recolección de firmas que realiza la oposición para solicitar la activación de un proceso revocatorio contra el jefe de Estado, y que ayer vivió su segundo día.
Para el presidente del Parlamento liderado por la oposición, Henry Ramos Allup, esto demuestra que se perdió el miedo. En su cuenta de Twitter le dedicó un mensaje al ministro de Defensa: Vladimir “Padrino López, ¡hasta militares uniformados, sin miedo, firmaron las planillas!”.
En medio de los aplausos espontáneos de quienes se encontraban en los centros de acopio, los efectivos desafiaron con este acto instrucciones directas de sus superiores.
Hoy se desarrollará en todo el país la tercera jornada de recolección de firmas. Sin embargo, las estimaciones apuntan a que ya se lograron 600 mil rúbricas, tres veces más de las necesarias para solicitar al Consejo Nacional Electoral que inice el proceso para poner fin al mandato de Maduro.
De hecho, ya en el primer día -el miércoles- se habían alcanzado las 200 mil firmas necesarias para esta etapa.
A este panorama se suman además recientes denuncias contra un ex ministro y oficial militar acusado de liderar un plan para un golpe de Estado.
Plan golpista
En el pasado, el gobierno venezolano ha acusado a diversos líderes de la oposición, e incluso a la Casa Blanca, de querer derrocarlo. Pero esta es la primera vez que el sospechoso proviene de las filas castrenses. El diputado oficialista Diosdado Cabello acusó al ex ministro de Alimentación Hebert García Plaza de estar orquestando un golpe de estado para el 15 de mayo a través del desabastecimiento de medicamentos y alimentos, y con la puesta en marcha de actos violentos en todo el país que permitan la activación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA.
García Plaza, un mayor general del Ejército, se encuentra actualmente en EEUU tras huir de Venezuela acusado de corrupción. Allá se entregó a la DEA e ingresó al programa de protección de testigos del Departamento de Justicia al que, según Cabello, ha entregado “información sobre la ubicación del material de defensa del país”. Por ello, lo calificó de “traidor a la patria”.
El efecto de las protestas
Más allá del proceso revocatorio lanzado por la oposición, la consultora Eurasia cree que el único escenario que podría provocar un cambio de gobierno este mismo año sería un estallido de las fuerzas sociales. “Aunque las protestas se habían mantenido aisladas, están aumentando en frecuencia. Si la dinámica social explota y los seguidores del gobierno salen a las calles, probablemente los aliados de Maduro reconsiderarán su lealtad”, plantea Eurasia, que destaca que esas manifestaciones podrían obligar a las actuales autoridades a buscar una salida negociada.
Para hoy, en tanto, fueron convocadas movilizaciones a las sedes de Corpoelec, el ente eléctrico estatal.
Destituciones y sanciones
Ayer la asamblea nacional destituyó al ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, al considerar que es responsable de la crisis por no tomar medidas correctivas y por haber hecho negocios con empresas ficticias para comprar alimentos con sobreprecio.
Mientras en EEUU, una comisión del Senado aprobó un proyecto de ley para extender hasta 2019 las sanciones a funcionarios venezolanos acusados de violaciones a derechos humanos.
"Si usan a las FFAA para reprimir podría detonar cambios desordenados que queremos evitar"
- ¿Cuál es su diagnóstico de la situación actual de Venezuela?
- Venezuela está iniciando un proceso de hiperinflación. La medición extraoficial del banco central que tenemos, que el gobierno oculta cambiando las ponderaciones estadísticas, es una inflación de 355% en los doce meses a marzo. Tiene un origen clásico: abusos fiscales, financiamiento monetario y una crisis de balanza de pagos. Y se duplica cada seis o siete meses.
- ¿Y cuáles son los datos del PIB?
- El año pasado el gobierno habla de una caída de 4,5%, pensamos que es más del doble de eso. El PIB está cayendo desde 2014, es decir, ya suma tres años de recesión. En lo que va de año, estoy de acuerdo con la proyección del FMI, tiene una caída de 8%, estamos hablando de una contracción acumulada en los últimos tres años de 25%, una brutalidad. Lo peor es que no hay ni un plan de estabilización ni un plan de recuperación. Hay una barrera ideológica y populista: tratar de mantener apoyo manteniendo subsidios que no puede financiar, esconden el financiamiento monetario y las maniobras fiscales, restringen a la oposición.
- ¿Cómo impacta la hiperinflación?
- Como Nicolás Maduro dejó de publicar la inflación en 2014 y 2015 la publicó al final, rezagada y adulterada, el ajuste de los sueldos y del salario mínimo va muy por detrás de la inflación. Yo calculo que va a un tercio de la variación de la inflación acumulada. Eso ha significado un empobrecimiento brutal, que se convierte en un serio problema para un gobierno que presumía ser igualitario y socialista.
- A eso se suma el caída del petróleo..
- Los ingresos petroleros y no petroleros de este año estarían en el orden de los US$ 30 mil millones. El país necesitaría, manteniendo las distorsiones del control de cambio vigentes desde hace trece años, el doble, unos US$ 60 mil millones, para servir la deuda, cubrir importaciones y cubrir las ineficiencias del mercado. Y el desabastecimiento es crónico, porque además, el aparato productivo privado está sin insumos, con controles de precios, que ahora el gobierno está relajando sin decir nada. Y las empresas públicas también están en un pésimo estado. Es un cuadro realmente desastroso.
- ¿Cuál sería la solución?
- Venezuela todavía podría dar vuelta esta situación si se alcanzara pronto una solución política idealmente negociada, un plan económico, un plan petrolero, una reorganización del financiamiento de los proyectos petroleros que están en marcha, lo cual apoyaría un plan macroeconómico, y se recurriera a los multilaterales y al sector privado. Los tiempos de la política tienen que acelerarse porque los tiempos de la economía no esperan.
- Y en ese sentido ¿marcha bien el proceso revocatorio que empezó el martes?
- La recaudación de firmas sí, pero el temor es que el Consejo Nacional Electoral ponga trabas. El incentivo que tiene el chavismo es diferir el referendo revocatorio para principios de 2017, con lo cual se revoca al presidente, pero asume el poder el vicepresidente y no hay una nueva elección. Probablemente el desastre económico igual lo obligaría a negociar una salida, un gobierno de unidad nacional, pero ellos quieren tener el control político. El chavismo tiene temor de entregar el poder por las repercusiones dentro y fuera del país, pero tiene detrás un tsunami económico y social que va a una velocidad muy rápida. Sería ideal que viéramos el ejemplo de Chile de principios de los '90 -aunque era la dictadura del general (Augusto) Pinochet y Chile tenía una economía estable- en el sentido de hacer un gobierno y un proceso de salida ordenado, negociado.
- ¿Hay estallido social? ¿Se está viendo un mayor descontento?
- Hay signos por todos lados, se siente la tensión en la calle. Hay intentos de saqueos, el gobierno ha inducido a los medios de comunicación a que no los publiquen, hay protestas por falta de agua, de electricidad, de alimentos, de medicinas, hay un ambiente crispado. El chavismo debería actuar con sensatez y evitar caer en una trinchera depresiva al final de un desastre de esta magnitud.
- ¿Qué impacto pueden provocar las protestas sociales?
- La protesta social podría llevar al gobierno al dilema de reprimir a la población y usar a las Fuerzas Armadas, pero pareciera que no todos están de acuerdo y eso significaría que la crisis política se profundizaría y probablemente se detonaría un proceso de cambios desordenado, que es lo que queremos evitar.
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