Una corte de apelaciones de Estados Unidos dijo que Argentina discriminó a los tenedores de bonos que se negaron a participar en una masiva reestructuración de deuda soberana en el 2005 y en el 2010 al decidir pagarles después de aquellos que sí aceptaron entrar en las operaciones.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York dictaminó que Argentina violó la provisión de "tratamiento igualitario" en los bonos al considerar a los tenedores de deuda que no aceptaron la reestructuración fueron puestos en un escalón inferior a los otros acreedores.
La decisión de hoy ratifica un fallo de febrero del juez de distrito Thomas Griesa, que dijo que los acreedores que se negaron a participar de los canjes, con tenencias por US$ 1.400 millones, merecen un trato igualitario en el repago de la deuda.
"Si no reciben un trato igualitario, los demandantes sufrirán un daño irreparable, porque no se les dará lo que se les prometió que recibirían respecto a otros acreedores en caso de una mora en el pago", señaló la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
Entre los tenedores de bonos que reclaman trato igualitario están los fondos NML Capital Ltd -el mismo que logró en Ghana cursar el embargo de la Fragata Libertad- y Aurelius Capital Management.
Cabe recordar que este incumplimiento surge a raíz de que, en diciembre de 2001, el Gobierno argentino decretara una moratoria temporal en el pago de intereses de 80.000 millones de dólares de su deuda pública externa, y, desde entonces, la moratoria se ha prorrogado de año en año, afectando a los titulares que no cambiaron sus bonos cuando se les ofreció.
En caso de haber accedido, habrían tenido que renunciar a algunos de los derechos que se les otorgaron cuando suscribieron los bonos.
Tras conocer la medida, la deuda del vecino país se derrumbó un 4% al cierre del mercado extrabursátil, informó la agencia Reuters.
La tendencia fue liderada por el título Disc en dólares, con retracción de 11% para su punta vendedora, y el Global 2017 que se desplomó 9,9%.
El gobierno trasandino reaccionó al fallo y dijo que la resolución del tribunal no pone fin al litigio.