En general, los economistas peruanos creen que la economía del país seguirá su marcha auspiciosa, al menos en los próximos tres años. Y es que todos consideran que el gobierno de Ollanta Humala profundizará las reformas inauguradas por Alberto Fujimori en la década de 1990, y continuadas por sus sucesores Valentín Paniagua, Alejandro Toledo y Alan García.
Esa observación positiva ha generado una corriente de entusiasmo entre los empresarios, que en los meses de agosto, septiembre y octubre últimos recuperaron la confianza que habían perdido en el trimestre anterior.
Según las mediciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el índice de expectativas de la economía a tres meses alcanzó un nivel de 64 puntos, el máximo de los últimos seis meses.
Además, la mayoría de empresas encuestadas continuó calificando su situación financiera como favorable, siendo los sectores de servicios, manufactura y minería e hidrocarburos los de respuesta más favorable.
En cuanto al índice de confianza del consumidor, en octubre se incrementó en cuatro puntos respecto al mes anterior, cálculo que se efectuó tomando como base información de Apoyo Consultoría sobre la situación económica familiar presente y futura.
Este optimismo se asienta en la continuidad de la política económica, basada en los 16 acuerdos comerciales suscritos por Perú, que aseguran el 95% del comercio exterior peruano; el grado de inversión que ha obtenido de las agencias de calificación internacionales, lo que es un incentivo para atraer inversión extranjera, el 80% de la cual es privada, y que en total representa el 22% del Producto Interno Bruto (PIB); la independencia del Banco Central; y el incremento de sus exportaciones, aunque el último trimestre mostró una caída.
Así, según las proyecciones del Banco de Crédito del Perú (BCP), el país registraría una balanza comercial de casi US$ 4.000 millones al término del año.
Todo lo anterior se condice con un escenario en el que las expectativas del mundo privado peruano siguen apuntando a un alto crecimiento. En el más reciente sondeo realizado por el instituto emisor, los analistas e instituciones financieras incrementaron sus estimaciones de expansión del PIB para el cierre de año a 6,2% y 6,1%, respectivamente. Para los dos siguientes años, los agentes encuestados esperan que el resultado se ubique en 6%.
Cifras muy similares a las planteadas por el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe de perspectivas económicas de octubre. La entidad prevé que Perú terminará 2012 con un aumento de la actividad de 6%, que se reduciría levemente a 5,8% en 2013. En los dos casos, se trata de porcentajes que dejan a Perú por sobre el resto de la región.
Un cuadro que, además, iría acompañado de estabilidad de precios. Tanto en el mercado interno como en la misma entidad multilateral, los números apuntan a que la inflación no se alejará del nivel de 3%.
Los ingratos riesgos
Sin embargo el optimismo, tal como lo han sugerido las autoridades económicas, debe ser moderado, pues Perú afronta riesgos exteriores, como la desaceleración de las economías de Estados Unidos y China. No obstante, economistas como Fritz Dubois, creen que un crecimiento de Estados Unidos de 2% y de China en 7,5%, serían suficientes para que Perú compense la recesión europea.
A lo anterior se le tendrían que añadir situaciones internas, como la tentación de que el próximo año se despliegue el populismo en la política económica, teniéndose en cuenta que se acercan las elecciones presidenciales (2016).
Pero lo que más preocupa a los analistas son los conflictos sociales, porque "no existe en el país una política de manejo de conflictos", según la opinión de Dubois.
Hoy existen 15 proyectos mineros paralizados, que involucran US$ 17 mil millones en inversiones, porque las poblaciones se oponen a las operaciones de las empresas, principalmente porque se alegan problemas de contaminación ambiental.
Adicionalmente, la consultora Macroconsult considera que el gobierno de Humala tendrá que añadir a la lista de problemas nacionales los conflictos urbanos que se podrían desencadenar por reclamos laborales de los empleados públicos.
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