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Publicado: Miércoles 14 de noviembre de 2012 a las 05:00 hrs.
Los sindicatos de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT) se enfrentan hoy al gobierno, por segunda vez en el año, con una huelga general. Es la primera vez que un Ejecutivo, y desde luego del Partido Popular, soporta una protesta social de estas características cuando lleva menos de un año de gestión.
En la primera huelga general, contra la reforma laboral, que ocurrió el 29 de marzo pasado, los sindicatos fracasaron estrepitosamente. Los ciudadanos no apoyaron la protesta ante la alternativa de creación de empleo que podía suponer la reforma laboral, y CCOO y UGT no consiguieron parar los centros de las grandes ciudades.
Las centrales, junto a Unión Sindical Obrera (USO), esperan que esta vez la huelga general tenga más éxito porque, desde entonces, los sucesivos recortes del gobierno para intentar reducir el déficit público han ido afectando cada vez a más gente. Asalariados, funcionarios, pensionistas, dependientes de atención social y, por extensión, entre la clase media por las sucesivas subidas de impuestos y ajustes salariales. El último tornillo ha sido el Impuesto sobre el Valor Agregado. A esto se suma la ola de desalojos en la vivienda causada por el mayor desempleo.
En todo caso, en su intento de que la huelga general tenga la mayor repercusión posible, y evitar un nuevo fracaso, los sindicatos la han organizado para hacerla coincidir con otras protestas en la Unión Europea. Todas se dirigen contra las políticas de austeridad que está dictando la eurozona.
El indicador elaborado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) volvió a subir en julio y confirmó una mayor incorporación de inteligencia artificial entre las empresas. Sin embargo, la mayoría anticipa un bajo impacto sobre los puestos de trabajo y las diferencias de adaptación tecnológica según tamaño siguen siendo significativas.
“Hay muchos servicios que hoy día el sistema puede prestar y que van a mejorar la percepción de los ciudadanos y de los usuarios y no necesariamente bajar las tarifas, porque creo que es una pésima señal”, enfatizó Carlos Cruz.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.