Lejos de terminar está la teleserie que generó las malas operaciones de Mauricio Peña, exgerente de inversiones de Aurus, en dos de los fondos de la entidad y que generaron millonarias pérdidas.
Una de las aristas del caso –la disputa entre la gestora de los fondos y Compass- llegó a una mediación arbitral tal como se esperaba.
Tras no llegar a acuerdo en las negociaciones el fondo Aurus, encabezado por José Musalem y Antonio Cruz, presentó una demanda arbitral en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM), reclamando US$ 35 millones en contra de Compass CG Servicios Financieros.
El monto exigido por Aurus corresponde a la estimación de los daños causados por la defraudación de los fondos Insignia y Global.
La demanda responde a los cuestionamientos de los servicios prestados por Compass en lo que respecta al back office. Los errores que reclama Aurus habrían facilitado que el exgerente de inversiones concretara el fraude.
Desde CG Servicios Financieros indicaron que han cumplido con sus obligaciones contractuales y que se defenderán “de esta injusta e infundada acción”.
“Pretender que la responsabilidad interna reconocida y sancionada judicialmente se extienda a terceros es absolutamente improcedente”, añadió.
Por su parte, desde Aurus señalaron, respecto de la acción interpuesta, que “tenemos serias y fundadas discrepancias en relación al cumplimiento del contrato por parte del prestador del servicio, contrato que, a su vez, establece mecanismos conjuntamente acordados para zanjar cualquier legítima diferencia. Ahora, más que litigar por los medios, lo que corresponde es que un árbitro se pronuncie”, dijeron.
Cerrando el proceso
Tras estallar el fraude llevado a cabo por Peña en los fondos Insignia y Global, a través de una auditoría realizada por Deloitte, se estimó que el daño patrimonial consolidado a ambos fondos ascendió a casi US$ 35 millones, mientras que el perjuicio estimado a los aportantes se acercó a los US$ 20 millones.
Todo esto significó que la gestora de fondos debiera vender la sociedad que administraba los activos del fondo Aurus Renta Inmobiliaria, con el fin de utilizar esos recursos para compensar a los aportantes afectados por el fraude.
Adicionalmente, los socios de Aurus debieron complementar dichos montos con recursos propios por unos
$ 13.500 millones para cubrir la diferencia.
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