Dudas y cuestionamientos surgieron entre abogados laborales de la plaza respecto a la forma en que el Ministerio del Trabajo afrontó la salida del exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, a raíz de supuestas denuncias de acoso en su contra.
Una crítica inicial se enfoca en el hecho de que la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, haya instruido la realización de un sumario con posterioridad a la salida de Larraín.
Desde el mundo jurídico se entiende que los servicios públicos tienen la obligación de contar con un instructivo para abordar denuncias de maltrato y acoso sexual y laboral.
¿La razón? Se entiende desde el mundo jurídico que los servicios públicos tienen la obligación de contar con un instructivo en el cual se aborden los casos y los procedimientos a seguir ante denuncias de maltrato y acoso sexual y laboral, herramientas que instruyen la realización de una investigación, es decir, un sumario.
“No se dio cumplimiento a dicho protocolo”, cuestiona el exdirector del Trabajo, Marcelo Albornoz, quien agrega que estas instancias no solamente dan cuenta de medidas de carácter investigativas y sancionatorias, sino que también preventivas.
Para el abogado, considerando esto, la interrogante mayor en torno al tema es que si el Ministerio contaba con antecedentes de este tipo, por qué no adoptó las acciones preventivas correspondientes con anterioridad.
“En esta situación, lo primero que se debió haber activado dentro del protocolo son las medidas preventivas, de advertencia, de llamado de atención o de contención, etcétera. Y se debió realizar una investigación, un sumario, en el cual el funcionario investigado está amparado por el debido proceso y la presunción de inocencia”, explica, recalcando que en estos procesos los involucrados tienen derecho a realizar sus descargos.
Su postura es apoyada por el abogado laboralista Zarko Luksic, de Mendoza Luksic & Valencia, quien agrega que la realización de un sumario, con el subsecretario ya fuera de la entidad, no tiene mayor sentido.
“Allí se cometió una anomalía, porque si efectivamente el subsecretario se somete al sumario y las conclusiones mismas determinan que no ocurrió una falta o una infracción, ¿cuál sería la conclusión? ¿deberían reincorporarlo?”, plantea Luksic.
Agrega que realizar una indagación con posterioridad a la salida de Larraín “no tiene ningún valor. Es jurídicamente improcedente, porque el destino de esa investigación no tendrá resultados, no lo van a reincorporar, porque es una decisión política”.
Para el abogado Ariel Rossel, lo óptimo en estos casos es que se activen los sumarios inmediatamente, ya que la realización de éstos “protege a ambas partes”.
“El sumario administrativo es un proceso en el que ambas partes tienen el derecho a poner sus pruebas y a que se investigue a profundidad el hecho que se acusa”, dice.
Ante la duda de si se puede realizar una investigación de este tipo, con el involucrado fuera de la institución, Rossel explica que el procedimiento se puede realizar de igual modo, “pero lo que ocurre es que al haber una solicitud de renuncia y una renuncia propiamente tal, él pierde la calidad de funcionario. Entonces, su incorporación al sumario es algo más bien voluntario”, explica.
Para el experto otro aspecto no menor, es que el hecho de que no se haya instruido la realización de un sumario, abre la puerta a que la exautoridad presente acciones legales. “A él lo dejaron sin defensa de ninguna naturaleza, porque como no hay sumario, dónde se defiende. Esto abre la posibilidad de accionar judicialmente, por vulneración ”, dice.
“Hay que recordar que el subsecretario era funcionario público y tiene derecho a que se respeten sus derechos fundamentales.Y, en este caso, se pasó a llevar su honra de frente a todos los chilenos”, añade.
Los protocolos
Actualmente, el Ministerio del Trabajo tiene dos protocolos de acción ante casos de denuncia por maltrato y acoso sexual y/o laboral.
Uno, por la subsecretaría de Previsión Social -el último lo instauró la exsubsecretaria María José Zaldívar-; y, otro, por la subsecretaría del Trabajo -el último fue actualizado por el actual subsecretario, Giorgio Boccardo-.
Ambos documentos contemplan definiciones, canales de denuncia, proceso de investigación, sanciones, entre otros.
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