A poco de cerrar el mes, ya aparecen los primeros reclamos de personas que alegan haber sido rechazados en su acceso a la Pensión Garantizada Universal (PGU) en vigencia desde principios de este año.
Se trata de postulantes que no eran beneficiarios del expilar solidario que reemplazó la PGU, por no pertenecer al 60% más vulnerable, pero a los que la ley se ampliaría -a partir de agosto-, si es que estaban dentro del 90% de la población de 65 años con menores ingresos. Es decir, todos los pensionados, con excepción de quienes están en el 10% más "rico" en ingresos.
Desde febrero de este año, cuando entró en vigencia la ley, la Superintendencia de Pensiones ha informado que desde agosto quienes tengan una pensión base menor o igual a $ 660.366 mensuales, obtendrán una PGU de $ 193.917, mientras que para quienes tengan una pensión base mayor a $ 660.366, pero menor a $ 1.048.200, también recibirán PGU, pero por un monto proporcional a su pensión, es decir, menor al mayor monto de la pensión autofinanciada.
Sin embargo, fuentes conocedoras de los casos indican que ya hay un numero importante de personas que han sido notificadas de que no podrán recibir los $ 192 mil, ni tampoco un monto inferior, pese a tener una pensión entre los $ 660 mil y el millón de pesos.
La razón, apuntaría a la aplicación del nuevo test de afluencia, cuya fórmula de cálculo fue publicada recién a mediados de julio, y recibió duras críticas del exministro del Trabajo Patricio Melero.
Conocedores de este proceso indican que de acuerdo con el nuevo test de afluencia, lo que está sucediendo es que el monto de corte para acceder al beneficio, está levemente bajo los $ 500 mil, por lo que si el postulante recibe una pensión en el tramo de $ 600 mil a $ 1 millón queda fuera del beneficio.
Esto porque el nuevo test de afluencia, que busca excluir a las personas pensionadas del 10% más rico, estaría considerando datos de la encuesta Casen que incluyen los ingresos del grupo familiar mayor de 65 años asociado al postulante, además de otros factores que “rebajan el umbral de corte”, del tramo establecido en la Ley. Esta consideración es parte de las exigencias establecidas en la Ley 21.419 que creó el beneficio universal obligando al nuevo instrumento de focalización a reducir el universo de ingresos considerado del total de la población, al grupo de personas mayores de 65 años, segmento en que los ingresos son más bajos, afectando el umbral del corte.
Así, por ejemplo, una persona que recibe una pensión de $ 600 mil, que no tiene problemas de dependencia, podría quedar fuera del beneficio. Como también una persona que actualmente no reciba pensión, pero suyo cónyuge reciban una jubilación por más de $ 1,1 millón, ya que el ingreso per cápita de su hogar estaría sobre los $ 500 mil, quedando sobre el umbral de corte.
Explicaciones del Gobierno
A petición de la Comisión de Trabajo del Senado, el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, explicó a los parlamentarios -a inicios de agosto-, cómo operaba el nuevo test de afluencia y sus consideraciones para poder excluir al 10% más rico entre los pensionados mayores de 65 años.
Allí, detalló que el nuevo test de afluencia es en realidad el mismo instrumento de focalización aplicado en el pilar solidario, pero con ajustes: el reemplazo del índice de capacidad generadora de ingresos, por datos administrativos, la eliminación del descuento de la Pensión Máxima con Aporte Solidario en los ingresos laborales, el ajuste del umbral Casen para excluir a personas de grupos familiares del 10% más rico de población de 65 años o más; y la definición de un nuevo algoritmo para la construcción de las rentas del capital. Asimismo explicó que no se incluyó la variable de patrimonio por falta de datos confiables.
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